El Salvador, el más pequeño país de la América continental, bautizado poéticamente por Claudia Lars como el “Pulgarcito de América” y el “único” con el nombre de Dios, concluye 2008 abatido por la violencia criminal y la polarización política.
Según datos de la policía, la cuenta de los asesinados, en su mayoría con armas de fuego, iba por los 3 mil 136 cuando faltaban tres días para concluir 2008. Entre el 23 y el 28 de diciembre pasados, durante las festividades de Navidad, se registraron 60 homicidios, con un promedio de 12 diarios, cuando en el año el promedio había sido de 8.5 diarios.
Un reciente estudio que contempló a más de 80 naciones, ubicó a El Salvador como el más violento de Latinoamérica, aun por encima de Colombia y México; y en el ámbito mundial únicamente por debajo de Irak, que padece una invasión extranjera y una guerra civil.
Al iniciar su período de gobierno, el 1 de junio de 2004, el presidente Antonio Saca prometió que haría de El Salvador la nación más segura de Latinoamérica, pero la realidad indica todo lo contrario.
En la gestión de Saca se acumulan más 16 mil asesinados y la tasa de homicidios hace un promedio de más de 60 por cada cien mil habitantes.
Los costos económicos de la violencia se sitúan en más de 2 mil millones de dólares anuales, el 11% del Producto Interno Bruto (PIB).
Hasta el momento prevaleció en el gobierno una actitud y estrategia represiva contra las pandillas juveniles muy violentas, conocidas en Centroamérica como “maras”.
Esas políticas de “manodurismo” también sirvieron en el pasado para hacer campañas electorales, como fue el caso de Saca en 2004, quien prometió la “Super Mano Dura”, que se estrelló con la ineficacia, la incapacidad investigativa y la corrupción dentro de la policía.
Las perspectivas están puestas ahora en un cambio de gobierno y de “un modo de hacer las cosas” que propone el izquierdista Mauricio Funes, candidato del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para las elecciones del 15 de marzo de 2009.
Funes propone más prevención y atención a la juventud; combate a la corrupción y generación de empleos.