El pasado 3 de marzo, la Asamblea de Diputados introdujo cambios a la ley general de adopciones. La nueva ley impide a parejas del mismo sexo la adopción. Esta iniciativa fue presentada por una diputada simpatizante del movimiento Pro-Vida, organización que se opone férreamente al reconocimiento de los derechos de las personas del colectivo LGBTIQ+.
La sociedad panameña es, en su mayoría, conservadora y está influida en muchos temas por las doctrinas religiosas de la iglesia católica y de congregaciones evangélicas pentecostales, que rechazan las reivindicaciones de los grupos LGBTIQ+, como el matrimonio igualitario y la adopción de menores por parejas del mismo sexo.
El sector gubernamental tampoco se escapa, tan así que el propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, ha dicho que él solo reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer y en su casi dos años de gobierno no ha mostrado señales que indiquen que vaya a variar esa posición.
En tanto, la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente de fallo desde 2016 tres casos de matrimonio igualitario y tampoco ha prestado atención al veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a través de una opinión consultiva dictaminó que la prohibición del matrimonio igualitario violaba la Convención Americana de Derechos Humanos.
El tema suscita duda y confusión incluso entre activistas y directivos de organizaciones de derechos humanos, que excluyen los derechos de los grupos LGBTIQ+ de la lista de los derechos humanos que sus organizaciones defienden. Llama la atención que abogados que han defendido el matrimonio igualitario no intercedan por el tema de adopciones o discriminen entre personas gay, bisexuales y transgénero, ya que consideran que estos últimos no tienen el mismo derecho.
La fuerte influencia de las iglesias católica, evangélicas y grupos conservadores como Pro-Vida han logrado impedir que se apruebe la asignatura de educación sexual en las escuelas, con un fuerte cabildeo ante la Asamblea de diputados y mediante manifestaciones organizadas que han contado con el apoyo irrestricto de sus feligreses. Cada vez que surgen reclamos o peticiones por parte de grupos proderecho de las personas LGBTIQ+, estas organizaciones hacen uso de su poder e influencia para rechazarlos. Incluso se ha constituido un partido político que destaca entre sus pilares el apoyo a los valores cristianos de una familia tradicional y el rechazo a los derechos del colectivo LGBTIQ+ y son pocos los políticos y funcionarios que se han atrevido a expresar o dar apoyo a sus reivindicaciones.
El movimiento reivindicativo del colectivo LGBTIQ+ es cada vez más visible en Panamá, pero aún tiene un largo camino por delante para acabar con los prejuicios, discriminaciones y rechazo de un amplio sector de la población que no duda en afirmar que se trata de la mayoría.
Panamá se ha caracterizado por ser un país abierto a la migración, la libertad económica y la globalización, lo que le ha permitido destacar como una de las economías más dinámicas de la región, con grado de inversión y buenas notas de las calificadoras de riesgo, pero en el tema de derechos humanos adopta una actitud muy conservadora, que la mantiene rezagada de otros países de la región. Incluso sus vecinos, Costa Rica y Colombia, han logrado importantes avances en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+; sin embargo, en Panamá no se vislumbra un cambio a corto plazo ni se percibe voluntad política para discutir del tema.
El autor es comunicador social
