Manejar las expectativas globales respecto a la COP26 de Glasgow no es tarea fácil, pues la humanidad ha encontrado en el cambio climático una amenaza existencial. Dicha conferencia (COP significa conferencia de los Estados parte) tendrá lugar 30 años después de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992), que culminó con la celebración de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. A partir de la entrada en vigor de esta convención en 1994, con la excepción del año 2020 debido a la pandemia del Covid-19, se han celebrado conferencias anuales entre las partes de la convención en el interés de tomar acciones concretas para mitigar el peligroso impacto que causamos los seres humanos al medio ambiente y así estabilizar las concentraciones de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmosfera. De igual forma, la COP26 coincidirá con los 25 años del Protocolo de Kioto, que puso en marcha los objetivos de la Convención Marco a través de compromisos y metas individuales para limitar y reducir las emisiones de GEI. Este protocolo tendría que esperar hasta el 2005 para su entrada en vigor.
Ante los crecientes efectos del cambio climático, la humanidad reunida en la COP21 adoptó el Acuerdo de París de 2015. A través de este acuerdo vinculante, la comunidad internacional tomó una postura más clara en cuanto a la lucha contra el cambio climático, planteando acciones ambiciosas necesarias para un futuro sostenible. En ese sentido, los 197 Estados parte del acuerdo acordaron trabajar para contener el aumento de la temperatura media mundial a 1,5ºC y en su defecto mantenerla por debajo de los 2ºC con respecto a los niveles preindustriales (artículo 2). Lo anterior, se haría mediante la reducción considerable de la emisión de GEI, a través de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés). Lo interesante de las NDC es que las mismas tienen un carácter progresivo (artículo 4), es decir que deben ir mejorando con el paso del tiempo, pues se tratan, en teoría, de metas alcanzables.
Cinco años después de la entrada en vigor del Acuerdo de París, le corresponde a los Estados parte presentar sus nuevas NDC en la COP26. Además, corresponderá a los Estados focalizar sus discusiones en la adopción de medidas tendientes a dar forma al mercado de carbono, a reducir la contaminación con metano y a eliminar la dependencia del carbón. En cada una de estas áreas Panamá puede jugar un rol proactivo, uno que vaya más allá de señalamientos vacíos y solicitudes de ayuda.
Si bien Panamá es uno de los tres países del mundo que es “carbono negativo”, lo cual es un logro importante pues el carbono constituye el 70% de los GEI en la atmósfera, esto no significa que nuestro trabajo ha culminado. Ser carbono negativo implica que la cantidad de emisiones de carbono que un Estado elimina de la atmosfera es mayor que la cantidades que produce o libera. El objetivo de todos los Estados pasa por llegar a cero emisiones netas de GEI, lo cual ha sido logrado únicamente por los otros dos países carbono negativo, a saber Surinam y Bután. Panamá, por su parte, podría llegar a cero emisiones netas, según estimaciones, para el año 2050, siempre y cuando diseñe una política pública y se adopte una legislación para tal fin. Un buen ejemplo de esto es Uruguay, que ha adoptado instrumentos concretos para intentar llegar a las cero emisiones netas en 2030.
En cuanto al tema del metano, Panamá podría adherirse al Compromiso Global del Metano de los Estados Unidos y la Unión Europea. El metano constituye un 20% del total de los GEI, lo cual permitiría a nuestro país acercarse más a la meta de cero emisiones netas. En tal sentido, la ONU ha publicado un reporte en el que se establecen distintas medidas que se pueden adoptar para tal fin.
Por otra parte, la agenda panameña debe verse complementada por iniciativas de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU como el proyecto de artículos sobre la protección de las personas en casos de desastres o los lineamientos sobre protección de la atmosfera. De igual manera, la delegación panameña tampoco debe olvidarse del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas Kuna y Emberá y su vinculación estrecha con sus tierras y sus recursos naturales. De igual manera, Panamá debería trabajar en favor de estatutos de protección para mitigar los posibles desplazamientos humanos por motivo del cambio climático.
Una diplomacia “climática” exitosa depende de una acción multilateral efectiva e inclusiva. Para ganar terreno en la lucha contra el cambio climático se necesita que todos los Estados adopten los NDC suficientes. Señalamientos generalizados y llamados vacíos a otros países, escapa de los propósitos mismos de la conferencia, en particular si estos provienen de un Estado que todavía le queda mucho por hacer.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional
