A inicios del siglo XX, el internacionalismo, en su concepción más pura, encontró una expresión concreta en el proyecto wilsoniano de la Liga de Naciones. La idea detrás de este concepto y del proyecto mismo era bastante sencilla, las relaciones internacionales debían llevarse a cabo de forma pacífica sin dinámicas de poder, favoreciendo en todo momento, el comercio y el libre intercambio entre las naciones, pues así lo dictaba el derecho internacional y la opinión pública internacional. Desde aquel entonces la participación ciudadana revestía de particular importancia en las relaciones internacionales, ya que según algunos era la clave para lograr lo que el Concierto de Europa y el Sistema de Metternich, no habían podido realizar, lo que Immanuel Kant denominó una paz perpetua, basada en una paz democrática, comercial e institucional.
Como todos sabemos el proyecto de la Liga sucumbió ante las estructuras totalitarias que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. El orden mundial de la postguerra incorporaría un internacionalismo distinto, matizado por la hegemonía de las nuevas potencias y respaldado por la fuerza militar pues la ley y la opinión pública internacional no habían sido suficientes para prevenir tan trágico desenlace. El nuevo orden mundial permitiría el surgimiento y la consolidación de regímenes democráticos, así como la codificación y la universalización de los derechos humanos, en contraposición a las estructuras imperiales y totalitarias.
Desde ese entonces se sentaron las bases del vínculo indivisible que existe hasta el día de hoy entre la democracia y los derechos humanos. Sólo es necesario recordar la alocución “Pax Democratica” a la que hizo referencia el vicepresidente estadounidense Henry Wallace al hacer un llamado al pueblo estadounidense para que su país aceptase una responsabilidad histórica como nueva potencia global y liderase al mundo hacia una era duradera de paz y prosperidad. Si bien ese llamado justificaba, también, las proyecciones hegemónicas estadounidenses, el mensaje logró resonar en otras latitudes y plasmar un ideal en los Estados pequeños, me refiero a la interdependencia entre la democracia y los derechos humanos, que consiste en que no puede haber democracia sin el respeto a los derechos humanos ni tampoco se pueden respetar plenamente los derechos humanos sin gobernanza democrática.
Con el paso del tiempo este vínculo indivisible se transformó en una suerte de troika al incorporarse la lucha contra la corrupción como un tercer elemento fundamental. Las prácticas corruptas y poco transparentes se transformaron en una herramienta útil para quienes hoy buscan implementar modelos autoritarios en detrimento de la democracia y sus visiones alternas sobre derechos universalmente aceptados y reconocidos. En tal sentido, la promoción de los derechos humanos, la democracia y la lucha contra la corrupción deben transformarse en pilares fundamentales de la política exterior de Estados como Panamá. No en vano hay quienes hoy día evocan los conceptos de soberanía y de no intervención en los asuntos internos para justificar tendencias autoritarias o para la perpetración de atrocidades. A ellos toca recordarles las palabras del Dr. Ricardo J. Alfaro, “la noción de la soberanía absoluta es una negación de los poderes y funciones reales del Estado, una negación de la regla de derecho, una negación del hecho resplandeciente de la Magna Civitas, y una negación del Estado mismo como sujeto del derecho internacional.” Los Estados – decía Alfaro – no viven separados por un muro impenetrable de soberanía absoluta. Están enlazados por el vínculo de la interdependencia y de la regla de derecho. Todos están sujetos a deberes positivos y negativos universalmente reconocidos, lo cual significa que hay ciertas cosas que los Estados no pueden hacer y otras cosas que están obligados a hacer.
La Cumbre por la Democracia, celebrada del 9 al 10 de diciembre de 2021, fue una oportunidad singular para que Panamá articulara de forma clara su compromiso democrático a favor de la transparencia, el mismo día en que se conmemoraba el día internacional contra la corrupción, y en pro de los derechos humanos, el mismo día en que se celebraba el septuagésimo tercer aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La discreta participación panameña sí fue, en efecto, fiel a nuestra realidad interna, pues los compromisos gubernamentales en estos aspectos son prácticamente mudos. Tampoco se buscó promover el multilateralismo inclusivo, aquel que va más allá de los Estados e incluye a otros actores como la sociedad civil y las empresas, quienes en la práctica tienden a expresar esa vocación democrática en pro de la transparencia y los derechos humanos que el Estado parece desconocer.
En momentos en los que la región se encuentra visiblemente afectada por tendencias autoritarias, por males como la corrupción y por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, nuestro país puede percibirse como un oasis de tranquilidad y estabilidad. Sin embargo, la ausencia de un abordaje integral y sustancial de temas como la transparencia, los derechos humanos y la democracia en nuestra política exterior, así como en el discurso y en las acciones de nuestras autoridades, es lo que precisamente nos debe preocupar.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional
