He titulado este artículo de este modo, tratando de poner en perspectiva una forma de analizar la realidad de lo que acontece en cuanto a desarrollo urbano en nuestra ciudad y cómo los funcionarios ponen en ejecución una ley que buscaba mejorar las condiciones de dirigir el crecimiento urbano.
Es muy triste tener que aceptar que esta Ley de Urbanismo, tantas veces promocionada como la que trasladaría, al fin, algunas funciones que el Ministerio de Vivienda (Mivi) no puede realizar hacia los respectivos municipios que son los afectados directamente por las decisiones en materia de desarrollo urbano, haya sido totalmente tergiversada en sus objetivos.
Nos referimos directamente a que con la Ley se creó en el Municipio de Panamá una Junta de Planificación Municipal, integrada por representantes de diversos sectores de la comunidad que tendrían como función conocer, evaluar y emitir opiniones técnicas sobre los planes y cambios de zonificación que se dieran en la ciudad más importante del país. Igualmente se aprobó una reglamentación para poner en ejecución esa ley tan importante para mejorar las condiciones del proceso de desarrollo urbano de nuestra ciudad.
Al final de cuentas han resultado un fiasco y una burla de mal gusto cuando los funcionarios encargados de velar para que la Ley se aplique han sido los mismos que han inventado una y mil triquiñuelas para invalidar el efecto de la Ley.
El proceso de los famosos cambios de códigos de zonificación o uso de suelo siempre ha sido tema de comentarios sobre la corrupción de funcionarios, porque el mismo involucra dar a un terreno una gran plusvalía, de un solo plumazo, mediante una resolución que le permita desarrollar en un terreno que antes tenía un potencial de desarrollo menor la posibilidad de una gran rentabilidad.
Todo esto en economía urbana tiene unos efectos inmediatos en los valores de las propiedades, pero parece que los funcionarios no son capaces de entender. De allí surge siempre la sospecha de que hay “coimas” detrás de cambios de zonificación puntuales que no se pueden justificar.
A pesar de todo el proceso por hacer efectiva la participación ciudadana, el Ministerio de Vivienda ha decidido unilateralmente trasladar las reuniones de consulta pública para lugares y horarios imposibles para los ciudadanos.
Para el trámite de las solicitudes, igualmente, se están aplicando unos recursos en tiempo que hacen sospechar que se quiere favorecer a algunos y no aplicar la Ley igual para todos. Y por último –y es el motivo de nuestro artículo– el Mivi se inventó que la Junta de Planificación puede, técnicamente, decir que un proyecto no es aceptable y ellos lo aprueban por encima de cualquier consideración técnica o de procedimiento.
En los últimos meses –y en una carrera contra el tiempo–, el Mivi ha decidido aprobar cambios de zonificación en casi 70 casos que fueron analizados y negados en sendas sesiones semanales de la Junta de Planificación Municipal, la cual está compuesta por personas con mucha preparación tanto académica como experiencia en el campo del desarrollo urbano, tergiversando con dicha actuación los objetivos de la Ley.
La mayoría de dichos casos ha sido en dos corregimientos (San Francisco y Bella Vista) altamente cuestionados por la comunidad por la magnitud de las afectaciones que se dan en el medio urbano con este proceso noplanificado de construcciones.
Queda entonces en entredicho la aplicación de la Ley de Urbanismo o queda en entredicho el papel de los funcionarios que deben hacerla cumplir.