No es nada raro, sino lo usual, que "al perro más flaco se le peguen las pulgas", o, en otras palabras, "que la soga reviente por lo más delgado" cuando de exigir cuentas o aplicar sanciones se trata. Veamos porqué lo digo.
Durante la campaña electoral del 2004 se descubrió que un grupo de funcionarios de la Asamblea Legislativa cobraban cheques "de manera irregular" en el Banco Nacional de El Dorado; tres funcionarios al servicio del legislador Francisco Alemán, que buscaba la reelección (y la logró), fueron vinculados con la operación; salió a relucir la inmunidad parlamentaria de Alemán, la dichosa violación del debido proceso y "allí murió la flor". También fue acusado de repartir bonos de un supermercado con fines electoreros y el resultado: otra flor muerta, casi un ramillete.
En esa misma época 14 legisladores (de ambos bandos) fueron acusados de delitos similares y sobra decir que las acusaciones fueron a parar al cementerio de flores. A principios del 2004, poco antes de las elecciones el entonces viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, para zafarse de una investigación por participar en un programa de televisión de política partidista, presentó un permiso concedido por la presidenta Moscoso que hacía constar que ese día lo tenía libre.
Sin embargo, quedó al descubierto que la secuencia numérico del decreto (No. 6 de 23/1/04) no correspondía con la fecha de la presentación de Pérez en el programa. O sea, que fue confeccionado después de que Pérez fuera denunciado. ¿Sanción? Ninguna. Lo salvó la campanada que retumbó desde el despacho de Moscoso. A Pérez no se le pegaron las pulgas.
Tampoco al entonces gerente de la Caja de Ahorros, Carlos Raúl Piad quien, en los tres meses anteriores a las elecciones, engordó la planilla con, ¡ponga atención!, 600 personas, caso que comenté en un artículo que escribí por aquellas fechas. Si alguien puede convencerme de que esta situación no era totalmente anómala, y que no tenía el propósito de captar 600 votos (multiplicados por cada miembro votante de las familias de los nombrados), se haría merecedor a que yo hiciera picadillo con mi lengua. Si la Fiscalía Electoral intentó sancionar a esos monos gordos creo que le fue muy mal, pues por allí andan todos, campantes y caminando como el feliz e incansable Johnie Walker.
Hasta donde sé, a la única que "le cayó la tabla" fue a la darienita Haydeé Milanés de Lay.
Podría llenar muchas cuartillas con el material que guardan mis neuronas en el disco duro, disponible para descargarse cuando tienen algo que decir.
Sobre todo cuando se trata de impunidad, que las irrita como si les frotaran ají chombo. Y no sólo por la impunidad en delitos electorales porque de los otros hay tantos que sería de nunca acabar.
Allí tenemos al diputado Rogelio Alba, más manchado que un dálmata, pillado con las manos en la masa del contrabando, no una, sino dos veces; protegido por las artimañas diseñadas por los diputados para hacerse inalcanzables para la ley, sigue en su curul y hasta tiene la osadía de decir que está siendo injustamente perseguido. ¡Caradura!
¿Y qué del uso de recursos del Estado para política y beneficio personal? El actual director del FIS montó una monumental alharaca sobre las irregularidades que encontró al encargarse pero al final, calladito llevó al cementerio las flores muertas.
El ex ministro Norberto Delgado, a quien se le descubrió una cuantiosa evasión de impuestos mientras se le investigaba por enriquecimiento ilícito canceló los impuestos, aquí no ha pasado nada, y allí lo tenemos: miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, herencia que le regaló Moscoso.
Bolívar Pariente, ex gerente del Banco Nacional, después de andar fugitivo por los chanchullos del millonario préstamo (pariente de por medio) para la barriada Prados del Este, asiste a publicitadas actividades sociales y ¿por qué no? En su caso las flores están a punto de fenecer, como parece ser el caso de la Fundación Mar del Sur; el de la señora Museo del Tucán, Ruby Moscoso; el del soborno CEMIS y el diputado Afú. Todos parecen haber tomado rumbo al florido cementerio.
Recién me enteré de que en la provincia de Los Santos existe un señor llamado Domingo Espino y una secretaria de nombre Isolda Saavedra, ambos funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá; el delito de estos funcionarios fue usar la computadora y tiempo en horas laborables para confeccionar una invitación a una actividad para promover la propuesta de ampliación del Canal. ¿Busca el fiscal electoral, Gerardo Solís, convertido en acucioso Catón el Censor, sentar ejemplo al solicitar destitución y abrirles causa criminal (La Prensa 3/8/06)? ¡Ja! Ojalá lo intentara con los políticos monos gordos.
No eximo de responsabilidad a estos funcionarios, pero ante los casos que cito arriba, ¿no resulta desmedida la severidad de Solís en este caso? Que a mi juicio, no amerita sanciones tan drásticas sino suspensión sin sueldo y amonestación escrita que constaría, para siempre, en el expediente de Espino y Saavedra. Este es un ejemplo claro de que el selectivo trapiche de la ley sólo muele a los perros flacos, no a los monos gordos. Desgraciadamente. Porque nuestras autoridades no practican lo que dijo Montesquieu: "La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie".
