Alvaro González Clare
La Ley Orgánica 9 de 1973 faculta al Ministerio de Vivienda a regular y dirigir planes reguladores que se requieran para la planificación de las ciudades con la cooperación de los municipios, así como a proceder al planeamiento y desarrollo ordenado de las áreas urbanas y centros poblados.
A principios de este año, un grupo de residentes de El Valle de Antón solicitó al ministro Miguel Cárdenas que, a través del Programa de Asistencia Técnica Municipal que desarrolla el Ministerio de Vivienda, y con el apoyo técnico de la Dirección General de Desarrollo Urbano, se reglamentara el desarrollo físico de la población, aplicando conceptos de planificación para obtener el mejor desarrollo de este lugar tan especial y privilegiado del país.
El grupo técnico de la Dirección de Desarrollo Urbano, con la asistencia de un grupo de profesionales que hemos tenido durante mucho tiempo vivencias especiales y particulares en El Valle de Antón y residentes del pueblo, elaboramos un plan normativo para esta hermosa comunidad. Una vez elaborado el documento técnico, fue presentado a la consideración de los valleros residentes (se tienen listas con más de 100 firmantes) y de los citadinos que por añales han tenido casas de veraneo en El Valle, quienes lo discutieron y aprobaron.
El crecimiento desordenado y el incremento de las construcciones en El Valle, sin que exista pleno conocimiento de la ausencia o insuficiencia de los servicios de infraestructura, la poca importancia que se le ha dado al aspecto ambiental, además de la falta de un documento que organice y oriente el desarrollo urbano en este sector tan especial de la provincia de Coclé, hace imprescindible y obligatoria la efectiva aplicación de un plan normativo, a través de la Dirección de Ingeniería Municipal de Antón y el corregimiento de El Valle.
Este plan normativo, aprobado ya mediante Decreto de Ley por el ministro Cárdenas el 11 de mayo de 2001 y por el Consejo Municipal de Antón por medio del Acuerdo No. 10 del 24 de marzo del 2001, se publicó en la Gaceta Oficial No. 24366 el día 14 de agosto del 2000.
Sus puntos más relevantes son los siguientes: limitar la altura de las edificaciones a planta baja y un piso, para mantener el perfil pueblerino y ecológico de El Valle, y evitar la contaminación de los ríos y quebradas por la proliferación de viviendas contiguas. Así, se limitó el área de los lotes a 450 metros cuadrados, si la capacidad de percolación del suelo permite absorber las aguas servidas de una vivienda; en caso contrario, se establece un mínimo de 600 metros cuadrados. Además, el plan pretende que los lotes para residencias campestres sean de 2 mil 500 metros cuadrados como mínimo para mantener las áreas verdes y, sobre todo, regular el uso del suelo para hospedaje turístico (hoteles y apartamentos) para que en ningún caso los terrenos puedan ser menores de 5 mil metros cuadrados, con una densidad máxima de población de 50 personas por hectárea.
El plan también contempla un reglamento estricto para el desarrollo del comercio turístico, el ancho y las servidumbres de las calles y veredas, el tratamiento de las aguas para evitar inundaciones y sobre todo, proteger la fauna y flora de El Valle.
Sin embargo una vez aprobado, entre los residentes de El Valle se organizó un grupo que adversó el plan normativo, instigados por personas con otros intereses. Mediante la desinformación y los malentendidos, fomentaron el rechazo a esta iniciativa de planificación urbana, convenciendo a un grupo de moradores de que se trataba de la fachada de un movimiento que pretendía quitarles las tierras, casas y lo más insólito, limitar la cantidad de hijos que pueden tener las parejas. Vale la pena aclarar aquí que el plan no es retroactivo, por lo que en nada afecta los edificios y casas construidas; solo se pretende ordenar el crecimiento en el territorio de ahora en adelante, para evitar que se siga deteriorando.
Aupados y tal vez promovidos por los grupos de inversionistas que quieren construir en El Valle condominios de varios pisos y grandes hoteles, lograron presionar al alcalde Luis Ríos para que le solicitara a los concejales que revocaran lo actuado, aduciendo que no había sido lo suficientemente consultado. La primera solicitud hecha al Consejo no logró la aprobación; pero en la segunda, los moradores de El Valle, que se habían organizado para oponerse al plan normativo, se fueron a Penonomé en un par de buses para presionar políticamente a los concejales hasta que aceptaron revocarlo. Acto seguido, el ministro Cárdenas corrió a revocar el Decreto Ley que ya había sido publicado en la Gaceta Oficial.
A final de cuentas, esto solo demuestra la poca voluntad política que tiene la clase gobernante para producir, conforme ordena y autoriza la ley, mecanismos técnicos y reglamentos institucionales que permiten ordenar el territorio urbano en los asentamientos humanos, para garantizar el bienestar de los habitantes y el desarrollo sostenible. Políticamente es más sencillo no afrontar la responsabilidad, bajo el endeble pretexto del populismo y el complaciente clientelismo, permitiendo explotar el recurso urbano sin orden ni control, solo para beneficio de algunos bolsillos y en detrimento de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
