Llama poderosamente la atención que la Fiscalía Adjunta Metropolitana de Atención Primaria, en una celerísima decisión frente a denuncia presentada por el expresidente Martinelli el sábado 5 de septiembre, por un incidente ocurrido el mismo día en horas de la tarde, con el señor Mauricio Valenzuela, brindó atención inmediata y expidió una orden de protección especial por un término de seis meses para el expresidente.
Surge de inmediato la interrogante: ¿cómo es posible que a un millonario que puede pagar seguridad privada, el Ministerio Público, en cuestión de horas, le expida una protección especial por un simple incidente, cuando las cientos de víctimas de violencia doméstica cuyas vidas realmente corren peligro, no reciben esa celeridad ni en la atención de las denuncias ni en la protección especial para sus vidas?
Las estadísticas del Ministerio Público señalan que de enero a julio del 2020 se han presentado 8,194 denuncias por violencia doméstica y se han producido 23 femicidios. ¿Cuántas de esas denuncias han sido atendidas con la eficiencia y prontitud que se ha dispensado al señor Martinelli? Y no es que este señor no tenga derecho a denunciar y solicitar la asistencia del Ministerio Público, como cualquier persona. Lo que se cuestiona es que esa misma prontitud en la tramitación de las denuncias y expedición de medidas de protección, no se otorgue a favor de las mujeres que diariamente acuden en busca de protección y que estén parcializadas y sean selectivas para personajes con influencia y poder político y económico, en menosprecio de los valores y comportamientos éticos, de equidad y real justicia.
El Estado tiene la obligación de proteger la vida y la salud física y psicológica de las mujeres víctimas de violencia machista. Lo establece la legislación nacional y convenios internacionales suscritos y ratificados por Panamá. Sin embargo, a pesar de la legislación vigente, las mujeres víctimas de violencia siguen desprotegidas por falta de políticas públicas efectivas y por los sesgos de género aún existentes en la investigación, atención y protección judicial, así como la discriminación por razón de influencias políticas y económicas.
Cuánta razón tuvo el escritor español Francisco de Quevedo, con aquella célebre y burlona poesía satírica de hace más de 400 años, cuando plasmó: “Poderoso caballero es don dinero”.
La autor es abogada
