Desde hace algunas semanas, algunos medios de comunicación han asumido la tarea de realizar encuestas de opinión en cuanto a si es recomendable o no, el hecho de que las estudiantes embarazadas asistan a clases regulares. Este tema ha levantado mucha polémica últimamente, y se ha teñido de un matiz moral, más que humano o sociológico y en donde la menor adolescente, que de hecho es una víctima de sus circunstancias, viene a ser re-victimizada por el ambiente.
A la menor embarazada se la quiere tratar casi como delincuente, asignándole una responsabilidad totalmente unilateral, porque ella es la que carga con el producto del embarazo. Sin embargo, no nos preguntamos qué pasa con la responsabilidad del hombre, que fue quien puso la otra mitad del esfuerzo sexual. Si revisamos las estadísticas del país suministradas por la Contraloría General de la República (1997), podemos notar que alrededor del 95% de los hombres que provocan un embarazo, son adultos. Sólo el 5% de los progenitores son varones menores de edad. Si ésto es así, ¿qué responsabilidad le asignamos, como sociedad, a esos adultos? ¿Caemos en cuenta que estamos ante un delito sexual provocado por estos adultos, y lamentablemente, perpetuado y consentido por el sistema?
Justamente para proteger a las niñas y a las adolescentes, para proporcionarles una base segura, se ha legislado en torno al tema. La legislación internacional que trata sobre los derechos humanos de toda persona, destinada a erradicar la violencia en sus diferentes manifestaciones y especialmente la intrafamiliar; el reconocimiento del derecho sexual y reproductivo que nos compete a todas las personas; los programas pertinentes a población y desarrollo, han llevado a la concepción de leyes más justas, en las que el Estado panameño se compromete a velar por la seguridad y los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, entre quienes encontramos a las adolescentes en riesgo y menores embarazadas. De esas fuentes surge, precisamente, el Código de la Familia, que decreta que el estado debe velar por la seguridad y el cumplimiento de esta población.
No nos toca, por lo tanto, decidir como cibernautas, si aprobamos o no que las adolescentes gestantes asistan a clases regulares. Nos compete, más bien, decidir qué es lo que vamos a hacer como sociedad civil, cuál va a ser nuestra responsabilidad en la buena marcha del país, a qué estamos dispuestos y dispuestas a renunciar. El embarazo adolescente es un problema que puede ser manejado con políticas públicas bien planificadas y con esfuerzos colectivos multidisciplinarios. Y una última observación: el tema de las estudiantes que están gestando, no es, por más que se quiera ver así, uno de los mayores problemas del país. Hay problemas mucho más serios y de repercusiones más severas y a los que no se le está prestando la atención que requieren. Pero eso ya viene a ser, harina de otro costal.
