Durante más de diez meses, el Ejecutivo ha insistido con razón, hasta la saciedad, en la preocupación por el colapso del sistema de salud. Toda la estrategia de contención de la pandemia de la Covid-19 se sustentó, según las autoridades sanitarias, en la necesidad de evitar la saturación de los hospitales, especialmente de las salas de cuidados intensivos, y el agotamiento de su personal. De tal forma se impediría el colapso del sistema.
Para lograr ese objetivo original impusieron medidas drásticas: confinamientos forzados de la población, cuarentenas más o menos totales, movilidad reducida hasta por sexo y por día, y un largo etcétera.
El resultado fue obligar a la inmensa mayoría de la población a un esfuerzo sobrehumano, con costos económicos, sociales y de derechos civiles inconmensurables, con la ruina de millones de personas y de miles de empresas. El resultado ha sido mantener la curva de contagiados, de enfermos graves y de muertos en un nivel relativamente aceptable, aunque ya al límite.
Todas las medidas y los sacrificios sufridos deberían comenzar a bajar con la aplicación de la vacuna contra la Covid-19. Debería ser, pues, el punto de inflexión la vacunación de la población que lo deseara.
Si estudiamos, aunque someramente, la estadística de morbilidad y mortalidad por edad y por región, llegamos fácilmente a la conclusión de que los enfermos más graves y los difuntos siguen una curva de elevación geométrica en cuanto aumenta la edad de los contagiados. Un joven de 25 años tiene diez veces menos de probabilidad de enfermarse gravemente y de fallecer que, por ejemplo, una persona de 65 años. Un habitante de los barrios más pobres tiene una probabilidad aún mayor de catástrofe que el que está en los barrios más prósperos.
En conclusión, la estrategia de vacunación debería, como observamos ya en los países que se adelantaron de Europa, Israel, Estados Unidos y Canadá, empezar en la fase 1 por los individuos de mayor riesgo de enfermedad grave y muerte; primero los ancianos recluidos en las casas de retiro, y todos los miembros del cuerpo sanitario en contacto directo con los pacientes. Esos deben ser, por lógica, los prioritarios, seguidos por el resto de los adultos mayores. Por ejemplo, en Francia así sucedió desde el 27 de diciembre pasado y el 18 de enero comenzaron con los mayores de 75 años. El concepto es ir de edad más avanzada a menos. Lo recomendaron los expertos más competentes y lo decidió el jefe de Estado. Se propone usar todas las vacunas disponibles en una primera aplicación para inmunizar a más gente y esperar hasta un mes para la segunda.
Todos los habitantes de Panamá estamos en primera línea de “combate” porque tenemos que salir a trabajar y a abastecernos de bienes y servicios. Ese concepto mal empleado quiere justificar el uso prioritario de la vacuna para un abultado grupo de jóvenes funcionarios que en su mayoría está en la calle, pero no en los hospitales en contacto directo con los enfermos. Los panameños no somos perversos por naturaleza. Creo que esos jóvenes preferirían que su vacuna se usara primero en sus seres queridos que la necesitan antes, sus padres y abuelos, al contrario de lo que unos políticos y burócratas han decidido en contradicción con su objetivo original.
Los funcionarios públicos, aunque sean diputados, ministros, asesores y hasta el presidente de la República, deben vacunarse en la fase 1 por la edad, cuando sean mayores de por lo menos 65 años. Sería un contrasentido hacerlo con jóvenes funcionarios porque cada vacuna usada antes en ellos faltaría para adultos mayores que tienen una probabilidad mucho mayor de enfermedad grave y de muerte. ¿Estarían las autoridades que deciden dispuestas a cargar en su conciencia con esos muertos suplementarios al implementar la descabellada estrategia de vacunación propuesta? ¿Quién será responsable cuando después de varios meses de vacunación, no bajen significativamente las cifras de los enfermos graves y los fallecidos? Por fortuna, todavía hay tiempo para rectificar.
¡La vacuna contra la Covid-19 no es un premio; es una necesidad! Debe, en consecuencia, contribuir a bajar rápidamente la presión sobre el sistema sanitario y a salvar vidas. Una estrategia que tome en cuenta esa realidad sería más coherente, inteligente y sensata, verdaderamente responsable, porque disminuiría la ocupación hospitalaria y aligeraría la carga del personal sanitario. Ayudaría a recuperar pronto nuestras vidas y la de todo el país. Sería el primer paso, decisivo, para llegar a una nueva normalidad.
El autor es doctor en geografía experto en población