Con motivo de la renovación automática del contrato de Panamá Port me he sentido desencantado y defraudado y así lo he expresado públicamente.
Quiero aclarar que no adverso a la empresa privada que tenga responsabilidad social, muy al contrario. Pero si defiendo y defenderé los intereses de nuestro país frente empresas y países que nos falten el respeto y quieran explotar nuestros recursos naturales al estilo colonialista. Por otra parte, no ignoro que existe una empresa que ha invertido en el país importantes sumas de dinero y esa inversión se debe respetar.
Por los mártires y héroes que lucharon por legarnos una patria soberana, tenemos el compromiso de honrarlos y no traicionarlos. Los recursos naturales, nos pertenecen a todos y debemos administrarlos con responsabilidad, de forma que garanticemos su usufructo a las futuras generaciones.
Dentro de la estrategia de ir desarrollando la política del país marítimo, en 1996 se dieron en concesión, terrenos, para el desarrollo de nuevos puertos en el país. En 1997, sin ampliación del canal, sin ferrocarril Panamá-Colón y sin autopista entre esas dos ciudades, que son los corredores por donde se mueve la carga marítima, se le dieron en concesión a PPC, los dos mejores puertos del país por 25 años prorrogables de manera automática por otros 25 años.
Para ampliar el desarrollo portuario del país, se le otorgan a PPC terrenos en la Isla Telfer en Colón y violando el contrato, que es parte de una estrategia, procedieron a alquilar dichos terrenos para fines ajenos a los estipulados.
Este contrato sufrió una vejación en su seguridad jurídica en perjuicio del Estado y en beneficio de la empresa, cuando fue modificado en el 2002 y el 2005.
Panamá ha cumplido y hoy el país no es el mismo de 1997, somos un país mucho mas desarrollado lo cual redunda en beneficio del empresariado que puede hacer más y mejores negocios, entre esas empresas PPC.
Pese a lo anterior se ha decidido no aprovechar la oportunidad de plantearle a la empresa el cambio de la situación nacional y convencerlos de esa nueva realidad y que así como al inicio se quejaron de la falta de una equiparación entre los diferentes puertos y el Estado los escucho, ahora le correspondía a PPC escuchar las razones del Estado panameño para participar de forma mas lucrativa en un negocio ampliado, gracias a las enormes inversiones multimillonarias del país.
Mientras los entendidos dicen que no se ha hecho una profunda y minuciosa auditoria la Contraloría General de la República afirma que PPC ha cumplido con los condicionamientos básicos requeridos del contrato siendo que dicha empresa no cumplió a tiempo con los pagos por dividendos y rentas por movimiento de carga. Y ello sin contar que además están alquilando terrenos para fines ajenos a la actividad portuaria, terrenos que Panamá podría estar alquilando por los mismos 10 millones o más, que ellos reciben actualmente. Sin hablar de la deslealtad que significa el obstaculizar, por todos los medios a su alcance, el desarrollo portuario del país.
¡La Asociación Panameña de Crédito no le habría dado el paz y salvo mientras que la contraloría se los obsequió!
Cuando los entendidos me dicen que a los 50 años de cumplidos los contratos lo único que nos dejarán allí serán los muelles puesto que según el articulo No. 2.14.1 del contrato se pueden llevar todo o vendernos todo y por otra parten se nos dice que PPC lo devolverá todo, como hizo USA con el canal, esa afirmación me resulta no ajustada a lo que dice el contrato.
Igualmente han sobredimensionando el tema de la Seguridad Jurídica a la cual se enfrentó Omar Torrijos Herrera en las difíciles negociaciones para la devolución del canal y gracias a ello lo recuperamos y tenemos un país soberano y la administración panameña del Canal de cinco procesos de arbitrajes referidos a la ampliación ha ganado tres y está en vía de ganar los otros dos.
El autor es neurocirujano y exministro de Estado
