En los tiempos de los romanos (Séneca, Julio César), solo para mencionar algunos destacados hombres de esa época, los romanos se valían de los “pragmáticos” como intérpretes que ilustraban acerca de las leyes a los hombres de leyes, o sea, a los abogados. El pragmático no tenía que ser necesariamente un abogado, pero sí tenía que demostrar su experiencia y pericia para ejercer el oficio.
En el Foro Romano no se admitían conjeturas ni medias verdades. Solo los hechos tenían validez y sólo estos hechos aceptaban abogados y magistrados en aquel templo de la ley. El sentimentalismo, el arrepentimiento, el acto de contrición, los lamentos, las lágrimas y otras muestras de autocompasión, así como cualquier otra manifestación que no fuera concreta y fehaciente, no servía a los pragmáticos como aporte de pruebas a los abogados en el foro. Así, desde el inicio mismo de la civilización occidental que fundaran griegos y romanos, los pueblos aprobaban o condenaban a los gobiernos por sus hechos y no por sus promesas o justificaciones argumentadas con base en conjeturas y verdades a medias.
Los siglos llevaron a los pueblos a admitir el concepto y método filosófico difundido por el filósofo norteamericano William James, según el cual “el único criterio para juzgar la verdad de cualquier doctrina, se ha de fundamentar en sus efectos prácticos”.
El pueblo espera por las promesas. Cuando no las ve ni las palpa, el pueblo protesta y se rebela. La demagogia de los malos políticos ha obligado a los gobernados a ser pragmáticos. Somos de opinión que, si no hay hechos prácticos para el bienestar nacional, los gobernantes de turno han fracasado.
Ese es, precisamente, uno de los casos actuales en el ámbito de la ley y la justicia en nuestro querido y sufrido Panamá. No palpamos hechos prácticos en la seguridad legal, en la seguridad en general, ni en la aplicación de justicia, porque se han encarcelado a los principios morales que alimentan a los espíritus de los que deben velar por la integridad de las leyes. La paz y la confianza social ya no existe porque los “pragmáticos”, ya no pueden aportar hechos y pruebas a los magistrados con el fin de que sustenten sus alegatos.
El pragmatismo político de los tiempos que vivimos, exige a la justicia una aplicación de las leyes, eminentemente acorde con la realidad caótica y alarmante que vive Panamá. Cuando la ley deja de ser confiable, debe ser inmediatamente substituida por el pragmatismo político que reclama prioridad en solucionar todo lo que provoque y origine protesta, rebelión, caos y derramamiento de sangre.
Los panameños hemos constatado que los hechos políticos y las verdades acerca de la justicia que se aplica o no se aplica en Panamá, no dan cabida a muchos representantes del poder judicial que, por la sola desconfianza que pudieran inspirar, deben ser removidos de sus cargos si ellos no presentan sus renuncias como corresponde.
El crudo pragmatismo es ineludible en los gobiernos serios. Los políticos deben ser pragmáticos si aspiran al reconocimiento de los electores. Por otra parte, los electores tienen en su poder hacer del pragmatismo político un proceso civil a su favor, donde el funcionario que no resulte en hechos positivos, debe renunciar al cargo.
