Según el Diccionario de Real Academia Española, corrupción es, “Soborno o cohecho: Acción y efecto de corromper. Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Son sinónimos de corrupción: turbiedad, perversión, extravío, libertinaje, envilecimiento, indecencia, deshonestidad. Sus antónimos son honestidad, honradez, integridad, rectitud, probidad, decencia.
La corrupción es un delito castigado por la ley y también puede significar una infracción o falta administrativa. Esta se produce en dos vías, pues en todo hecho, caso o acusación de corrupción, siempre hay un corruptor (quien da la coima), un corrompido (quien la recibe), y para efectos jurídicos, ambos son corruptos. La corrupción busca ventajas y beneficios indebidos, y para alcanzarlos lleva consigo diversos comportamientos y modalidades de práctica, a saber: cosas turbias, chanchullos, tracalerías, mordidas, coimas, sobornos, conflictos de interés, estafas, fraudes, extorsión, tráfico de influencia, peculado, enriquecimiento ilícito o injustificado, blanqueo de capitales, asesinatos, desaparición de personas, politiquerías, compra de votos y de decisiones judiciales, etc.
La corrupción se da tanto en el sector público como en el privado, dentro del escenario político gubernamental y corporativo de algunos negocios, empresas, profesiones y oficios, carentes de ética, moral y principios, pero capaces de torcer la ley, la justicia y la voluntad de un servidor público, juez o magistrado. Así las cosas, la corrupción no solo es la coima que un ciudadano le da a un funcionario del gobierno, sino la connivencia económica turbia o fraudulenta entre empresarios y personeros del Estado; o bien, es la actividad ilícita entre integrantes de la delincuencia organizada y jerarcas políticos del Ejecutivo, apoyados por autoridades de investigación, estamentos de seguridad pública y ciudadana, y del poder judicial. Además, es un acto corrupto el que se realiza entre un policía de tránsito y un conductor, o entre una alta figura del gobierno y un poderoso empresario.
Se propicia cuando no hay transparencia de las donaciones ni revelación de los donantes a campañas políticas, y cuando no hay un proyecto de Estado con desarrollo sustentable ni políticas públicas enfocadas seriamente en disminuir la desigualdad social y, por ende, las asimetrías de la sociedad, que son un caldo de cultivo que incentiva la proclividad de un ciudadano a cometer actos corruptos. Para ponerle alto es indispensable que, como política de Estado, se promueva un desarrollo sostenible, con el propósito de lograr una sociedad más equitativa, educada y participativa para sus actores, indistintamente, de la clase social o económica a la que pertenezcan.
Nuestra lucha anticorrupción debe apuntar tanto hacia gobernantes como hacia gobernados, estableciendo medidas concretas, como la maximización de los niveles de control, transparencia y rendición de cuentas de gobiernos; la instauración de una educación integral de valores de integridad y honestidad, entre otros, dirigida a todos los ciudadanos, como plataforma para el logro de una cultura de legalidad. Es decir, de respeto a la ley; accionar los mecanismos legales más eficaces para hacer realidad el funcionamiento de un sistema de administración de justicia sólido e independiente, capaz de ponerle alto a la corruptela e impunidad, y de asegurar la certeza del castigo para cualquier ciudadano acusado de actos corruptos, sin distinción partidista, social, económica o de otra índole.
Ante la corrupción no debemos actuar con pasividad e indiferencia, al contrario, debemos demostrar indignación, rechazarla y exigir acciones contundentes para combatirla, porque no es un problema de los políticos y de quienes gobiernan; su existencia y tolerancia, tarde o temprano, nos afecta a todos.
