En cierto modo, el revuelo causado por la decisión del Tribunal Penal Internacional (TPI) de procesar al presidente del Sudán, Omar al-Bashir, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Darfur es una sorpresa. Al fin y al cabo, el Tribunal no dispone de medios propios para detener a nadie en el Sudán y menos a un jefe de Estado que es el comandante de las fuerzas armadas. Si bien el fiscal jefe del TPI, Luis Moreno Ocampo, expresó su confianza en que Bashir sea llevado a la justicia, no está claro cómo se hará.
Pese a la aparente impotencia del TPI, los dirigentes de muchos Gobiernos se han esforzado para frenar el procesamiento. No parece preocuparles que las acusaciones pudieran ser injustas, sino que demuestran solidaridad con un colega jefe de Estado.
Entre quienes denuncian el intento de juzgar a Bashir figuran los bloques de países que son miembros de la Organización de la Conferencia Islámica y la Unión Africana, junto con Estados poderosos, como China y Rusia. Sólo podemos suponer que algunos están preocupados porque pudieran afrontar algún día acusaciones como las lanzadas por los jueces del TPI.
Aunque Bashir podría evitar su detención simplemente limitando sus viajes, la conmoción provocada por la inculpación no es irracional. Las acusaciones tienen un efecto estigmatizador.
El hecho de que un equipo de jueces que representan a los 108 Estados que son partes en el TPI acusara a Bashir de la responsabilidad por los crímenes en Darfur durante los seis últimos años socava la legitimidad de su continuidad en el Gobierno. Dichos crímenes causaron más de 300 mil muertes y desplazaron al menos a 2.7 millones de personas. Aun cuando los colegas jefes de Estado de Bashir lograran persuadir al Consejo de Seguridad de la ONU para que aplazase el procesamiento, cosa improbable, las acusaciones seguirán cerniéndose sobre la cabeza de Bashir, salvo que sea sometido a juicio y hasta que así sea.
En 1999, un tribunal penal internacional acusó a otro jefe de Estado activo, Slobodan Milosevic, de Yugoslavia. Aunque en aquel momento él parecía estar seguro, un año y medio después fue enviado a la La Haya para ser enjuiciado. Asimismo, en 2003, un tribunal penal internacional acusó al presidente de Nigeria, Charles Taylor, quien meses después escapó a Liberia y al principio recibió asilo en Nigeria, pero ahora está sometido a juicio en La Haya. Cuando se dictaron esas acusaciones, nadie habría podido prever cómo evolucionarían los acontecimientos.
Naturalmente, los propios fiscal y jueces del TPI corren un riesgo importante con la inculpación de Bashir. Se trata de un tribunal que acaba de nacer y, al suscitar la antipatía de los dirigentes gubernamentales que apoyan a Bashir, podría poner en peligro su futuro. Sin embargo, se debe reconocer que el personal del Tribunal cumple con su deber.