En el Ejecutivo existe fiesta por el espantoso relleno que rodeará uno de los asentamientos más antiguos del litoral Pacífico del continente americano. El prototipo de la maqueta que he visto del relleno aterraría a Hitchcock. Ni Varelita, atribulado por el achicharramiento del espacio panameñista, ha puesto reparos en el plan. Ese asentamiento, con túneles y otros mecanismos de seguridad, tiene 338 años, y fue ideado por Fernández de Córdoba para compensar el desastre acaecido en el hoy Conjunto Monumental de Panamá la Vieja, fundado en 1519 por el general Pedrarias Dávila. Simbiosis y simbiontes del Ejecutivo no echarán marcha atrás, salvo que alguien reclute las huestes ngäbes, enterradoras de la ley chorizo y la ley minera. ¿Qué fue de los ministros defensores de aquellas leyes? Ya ni vinculamos sus nombres a aquellos engendros antipopulares.
¿Quién podrá defendernos? Los bancos. Quién diría. Pensé primero que me estaban tomando el pelo. Está tan enredado este siglo XXI que los principales bancos, bajo las premisas de la entidad mamá, el Banco Mundial, establecieron límites a sus financiamientos sobre temas sociales y ambientales, incluso de infraestructura de transporte, al menos que se pretenda redefinir la CC3 –cinta costera 3- de guarida de marcianos.
El HSBC levantó la mano para financiar el proyecto adjudicado a la Odebretch. (No lo creo, pero no me sorprendería que la Odebretch aparezca con un protocolo de seguridad y buena conducta). Ese banco, así como una veintena de entidad similares, integra los “Principios de Ecuador”, que garantiza responsabilidad social y ambiental al financiamiento de determinados proyectos. Si mañana el HSBC, con amabilidad y sin levantar olas, retira el ofrecimiento, podremos imaginar que no había compatibilidad en el mamotreto que bordearía el Casco Antiguo –no hablo de la Avenida de los Poetas, que es otra historia- con los fundamentos emanados de los “Principios de Ecuador”, en atención a la promoción de la gestión ambiental responsable y el desarrollo socialmente responsable.
Veamos algunos. Principio 1: El financiamiento se otorga sobre la base de la magnitud de los posibles impactos y riesgos y de conformidad con las directrices basadas en los criterios de evaluación social y ambiental de la CFI (Corporación Financiera Internacional), del Banco Mundial.
Principio 2: La evaluación de impacto ambiental y social (EIAS) debe evaluar, según corresponda, los posibles impactos y riesgos listados en el Anexo II. La EIAS debe proponer medidas de mitigación pertinentes y adecuadas a la naturaleza y la escala del proyecto propuesto.
Principio 3: la EIAS debe incluir una evaluación respecto del cumplimiento de leyes, reglamentaciones y permisos vigentes en el país anfitrión, así como los riesgos sociales y ambientales del proyecto.
Principio 4: la evaluación de impacto ambiental y social (EIAS) es un proceso que determina los impactos y riesgos sociales y ambientales (incluido el trabajo, la salud y la seguridad) de un proyecto propuesto en su área de influencia. Para cumplir con los Principios de Ecuador, esta evaluación deberá evaluar de manera objetiva los temas, ya sea que la lleve a cabo el prestatario, los consultores o los especialistas externos. No se trata de aquello de que la ley soy yo. Es una normativa que llevó años para ser adoptada y que constituye una forma de la institucionalidad financiera mundial. Esos “Principios de Ecuador” pueden ser el Chapulín Colorado de una de las mayores evidencias históricas de nuestros antepasados.