El diálogo de la CSS avanza y cada vez son más las razones para reformar el Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD). No solo el déficit, medido a valor presente, de las obligaciones al 2077 asciende a sesenta y cinco mil millones de dólares, lo cual representa el 97% del PIB del 2019 y 36 veces los aportes directos del Canal durante ese mismo año, sino que el mismo pudiese ponerse muchísimo peor de llegarse a concretar la fusión del SEBD con el Subsistema Mixto (SM), que efectivamente expropiaría los ahorros de cerca de 600,000 personas. Como se reportó a inicios de la semana pasada en este medio, en el artículo “El fin de las reservas del IVM llegará antes”, el déficit en un año pasaría de tres mil millones de dólares a entre doce y trece mil millones de dólares. Esto hace que cualquier mención de fusionar los sistemas sea financieramente desastrosa, así como catastróficas desde una perspectiva de seguridad jurídica (por la expropiación de los fondos). Salvo el gobierno se la quiera “rifar” con una explosión social al dejar que colapse el SEBD, hay ciertas alternativas a explorar para salvar las jubilaciones y el bolsillo de todos los que vivimos en Panamá.
De salida podemos ir descartando que una subida del ITBMS por ventas, el cual representa el impuesto indirecto de mayor peso, recaudaría lo suficiente para cubrir los fondos adicionales que debiese aportar el Estado para subsanar los déficits anuales. Subirlo al 10% representaría cerca de cuatrocientos diez millones de dólares adicionales en recaudación – basándonos en data del 2018 – en un escenario muy optimista. Y basándonos en las mismas declaraciones del director de la DGI, que espera que las recaudaciones vuelvan a algo de normalidad cerca del 2024-2025, estaríamos hablando que esta cifra no bastaría para cubrir ni la mitad de los fondos adicionales que deberá aportar el Estado en el 2024; según estimaciones basadas en el informe actuarial de la CSS de octubre del 2020, esta cifra ronda los ochocientos ochenta y dos millones de dólares. Esto, sumado al descontento generalizado que trae consigo un aumento de impuesto – particularmente uno tan regresivo como el ITBMS – haría fútil cualquier reforma fiscal de esta índole para ponerle un parche al problema estructural del SEBD.
Algunas de las alternativas que se pudiesen explorar sería el pase al SM de las personas que tengan N-cantidad de años aun hasta su jubilación (e.g. todos los que tengan 15 años, o más, hasta la edad de jubilación). Esto, que tendría que venir con un bono de reconocimiento por parte del Estado por los aportes realizados al SEBD, ayudaría a reducir el déficit de manera importante. Sumado a esto, sería interesante explorar lo que se ha hecho en otros países, que amarran los beneficios a una prueba condicionada de recursos (i.e. means-tested). Por ejemplo, si la jubilación de una persona es $2,000, pero cuenta con una pensión privada u otra forma de ingresos, la jubilación que recibe de la CSS se reduce en un porcentaje de acuerdo con el total de los ingresos adicionales que recibe. Igualmente, analizar reformar paramétricas, principalmente aquellas relacionadas a la cantidad de años referencia, y pequeños cambios en la edad de jubilación para aquellos, por ejemplo, que aun tengan entre 7 a 14 años restantes hasta su jubilación, sería prudente para disminuir aún más el déficit existente.
Todos estos cambios, sin embargo, tienen que venir de la mano con un cambio holístico de nuestro sistema de pensiones. Si bien el SM es superior al SEBD, el mismo debe reformarse igualmente. Basándonos en las mejores prácticas internacionales, como las que salen en el “Mercer CFA Institute Global Pensión Index”, permitiría que contásemos con un sistema de pilares sostenible, íntegro, y con jubilaciones adecuadas. No hay que reinventar la rueda, lo único que hace falta para implementar los cambios es voluntad.
El autor es miembro de la Fundación Libertad