A través de la historia se observan distintos casos en que los aparatos estatales dedican esfuerzos a la restricción de la propiedad privada, y en graves instancias a la abolición de la misma. Todo esto, para beneficiar a un denominado “bien común” que, por lo general, implica lo contrario a una acción que favorezca el bienestar de la sociedad; lo único que logra es el favoritismo y clientelismo político que ayuda a las autoridades del leviatán y sus aliados, mal llamados empresarios, que vienen siendo aliados del poder.
El asalto por parte del Estado a la propiedad privada conlleva graves consecuencias. Cuando el Estado se entromete en la prohibición del derecho de propiedad, ocurre el tan llamativo concepto de “tragedia de los comunes”, que básicamente explica por qué lo que no es de uno mismo termina siendo de nadie. Al contrario, cuando los derechos de propiedad son bien definidos y protegidos por los aparatos estatales, las personas tienen fuertes incentivos para utilizar los recursos de forma inteligente, que como se sabe son escasos, mientras que las necesidades son ilimitadas.
Dar incentivos adecuados para cuidar los recursos es solo un aspecto beneficioso del derecho de propiedad privada. Otro, de suma importancia, pero menos tangible de las ganancias que conlleva el derecho de propiedad, es que permite la comunicación de los valores de mercado y de la relativa escasez de productos particulares. Por ejemplo, cuando los derechos de propiedad sobre la adquisición de terrenos son definidos y protegidos, el precio y el terreno representan la verdadera escasez y valor de dicho bien. En contraste, cuando las instituciones gubernamentales se empeñan en subsidiar y emplear controles de precios artificiales, se distorsionan mecanismos de mercado que permiten revelar el valor real del precio de un bien. El derecho de propiedad es fundamental para el funcionamiento del mercado, en gran parte porque permite que la información creada se dé a conocer cuando los individuos deciden intercambiar, de forma voluntaria, sus bienes y servicios.
Economistas como Ludwig von Mises y F.A. Hayek defendieron la importancia del derecho de propiedad privada. Ambos fueron muy claros en resaltar el valor que la propiedad privada ejerce en la sociedad libre, cuando formularon sus estudios acerca de la imposibilidad del socialismo. Según Mises y Hayek, tanto el intervencionismo como el socialismo fracasan en sus intentos de regular exhaustivamente las actividades del individuo, ya que al restringir la propiedad privada no puede haber cálculo económico racional. El argumento es el siguiente: sin propiedad privada en los medios de producción, no habrá mercado para ellos. Por consiguiente, sin dicho mercado para los medios de producción, no habrá precios monetarios establecidos por el mercado. En conclusión, sin precios monetarios que reflejen la escasez relativa de bienes de capital, las decisiones económicas por parte de aquellos que pretenden utilizar estos recursos escasos serán imposibles al no poder calcular los usos alternativos de dichos bienes. Este argumento en defensa de la propiedad privada y que refleja los errores del socialismo es fundamental para comprender por qué el Estado no solo es ineficiente, sino sumamente dañino para la sociedad libre cuando entra en labor de regular o abolir la propiedad privada.
Casos recientes como los controles de precios de “emergencia” o la ridícula decisión de aprobar un proyecto de ley para eliminar el costo de los estacionamientos en los centros comerciales demuestran el claro irrespeto a la propiedad privada. Dificultan las decisiones racionales de los dueños de dicha propiedad, dificultan el cálculo económico y, sobre todo, hacen que la asignación de recursos sea ineficiente y que responda a intereses gubernamentales. Aun más grave es el mensaje que deja el asalto a la propiedad privada por parte de los aparatos estatales, que no es otro que: “Lo tuyo no es realmente tuyo, sino del Estado”.
Como panameños, debemos repudiar todo tipo de intromisión en la propiedad privada. Casos que parecen insignificantes como el de los estacionamientos, realmente no lo son, demuestran la fatal arrogancia de la clase política que considera que está para controlar nuestro bienestar, en vez de protegerlo. Recordemos que así como el Estado nos puede otorgar, también nos puede quitar.