Vivo en lo que resta de la Urbanización Obarrio. Desde mi balcón puedo contar 17 construcciones de grandes edificios. No es difícil distinguirlas, pues cada una tiene una o varias grúas en su espacio, y de sus largos cuellos penden jaulas para subir hombres, piedras, tanques para soldadura y otros objetos pesados que han de ser depositados en los pisos que van naciendo.
Estas incontables construcciones son un hervidero de trabajo, servidas por gigantescas cementeras y moledoras de piedra que, terminada la jornada diurna, ponen a andar sus ruidosos mecanismos a las 10:00 u 11:00 de la noche, y sumemos la fila de camiones gargantúa que les llevan acero, bloques, etc., materiales que exige toda obra.
Tan cierto es que trabajan día y noche, sin que nadie inspeccione si respetan los horarios, que a las 8:00 p.m. del 23 de diciembre, cuando celebraba mi cena navideña y tenía la casa llena de invitados, una de estas grúas dejó caer su carga de varillas de acero sobre los transformadores de la esquina, lo que produjo un estallido pavoroso y un apagón absoluto, que además de arruinar mi fiesta nos dejó en tinieblas hasta las 3:00 de la madrugada.
Me gusta imaginar, mientras sorteo día a día los incontables obstáculos que hoy forman parte de mi entorno, que en las oficinas de Ingeniería Municipal tienen un mapa grande de la ciudad de Panamá. Imagino, también, que en el sector llamado Obarrio han colocado tachuelas negras –que por la cercanía una a otra deben chocar– por cada proyecto en marcha.
Y continúo visualizando lo que es una realidad: que en ese mismo mapa, al borde de la vía principal que se denomina Samuel Lewis, trazaron una línea con tinta roja para indicar que allí, frente a las construcciones en marcha que llenan de lodo la calle, frente a los sufridos edificios de antes, se excava una fosa ancha para soterrar los cables eléctricos. Y en el mismo mapa en que están las tachuelas negras, cerca de esa la línea de tinta roja, hay otra, quizás en amarillo, para indicar que al lado de las profundas fosas en las que irán los cables eléctricos, se deben cavar otras, pues era obligado cambiar las tuberías de agua, antiguas y pequeñas, por otras grandes que resistan la carga de los nuevos edificios, cada uno de 30 o más pisos, y sus incontables ocupantes.
Lo que me espanta de esta situación es saber que son profesionales de la ingeniería los que han colocado las tachuelas negras en su mapa y trazado las rayas rojas y amarillas; también los que otorgaron numerosos permisos de construcción simultáneos, sin sopesar el caos absoluto que han creado. Como si todas estas construcciones, el equipo pesado en movimiento, las zanjas profundas y peligrosas para viandantes y automóviles, las calles destrozadas y el lodo que causan los escapes de agua ocurrieran en una llanura, en la que aún no viven seres humanos. Pero aquí estamos, afectados en nuestra calidad de vida y desmoralizados.
¿Quiénes son y qué clase de estupidez nubla el cerebro de los profesionales que autorizan paralizar una importante barriada, con proyectos que tomarán años y años en terminar?
Y ya que el caos reina, me pregunto si Ingeniería Municipal, el Municipio, el Ministerio de Vivienda y la institución o las instituciones que otorgan los permisos requeridos no tienen en su planilla a inspectores que vigilen los horarios de trabajo y verifiquen que las labores y el ruido cesen durante la noche, que revisen la frecuencia, simultaneidad y el paso de los equipos pesados, así como la seguridad en los sitios de construcción, que a la vez pone en riesgo a los residentes del barrio.
Hace unos días estalló un tanque de gas en una de las dos construcciones que hay frente a mi balcón, lo que no solo provocó el susto, sino altísimas llamaradas. Si ahora vivo sin calles transitables, sin paz ni sosiego, rodeada de camiones gigantes que estacionan al borde de las vías dejando casi cero espacio para el paso de los autos, ¿quién nos defiende, quién nos protege, quién vela por los derechos de los sufridos residentes de este calvario llamado Obarrio?
Considero que el Gobierno nos debe reparaciones. Nos ha robado el bienestar que justificó la inversión que hicimos para vivir en Obarrio, al permitir un cambio de zonificación, que, además de inevitablemente oneroso, trajo consigo la puesta en marcha simultánea e irresponsable de todos los proyectos.
Lo menos que debe hacer un gobierno con sentido humano para mitigar este sufrimiento es librarnos de la carga de los impuestos de inmuebles, mientras dure este infierno.
