Lo más grave que observé durante el asedio contra la sede del diario La Prensa, la noche del jueves y la madrugada del pasado viernes, fue la precisión y ejecución de los acontecimientos, así como una sospechosa libertad de acción de los manifestantes ante las propias barbas de los organismos de seguridad del Estado.
Mi experiencia profesional, al observar los eventos de este incomprensible suceso, me llevan a la certidumbre de que se trataba de una operación con suficiente horas previas de planeamiento y coordinación con otras fuerzas aliadas a la empresa constructora Transcaribe Trading (TCT).
Todo sugiere, aunque no lo puedo demostrar, que algunas instituciones del Gobierno, al parecer el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Seguridad, apoyaron la ejecución de la maniobra, al menos en la parte logística, en lo concerniente al desplazamiento de equipo pesado y de los trabajadores, también, traídos de áreas remotas del interior, con rostros frescos y “camisas planchadas”, organizados en una manifestación sin fervor ni emoción, encabezada por un seudosindicalista profesional, pero ya en plena decadencia, eso por un lado.
Por otra parte, quien a mi juicio se llevó el Óscar por su actuación en el papel secundario fue un subcomisionado de la Policía Nacional, quien superó a Martinelli, Mulino y Moltó, actores principales en esta película que podríamos titular “Tira la piedra y esconde la mano”.
¿Cuál es el resultado de semejante imprudencia, carente de juicio inteligente y sensato, y sin medir las consecuencias? –reitero, en caso de que el oficialismo sea el cerebro o padre de tamaña imprudencia–. En mi opinión, no han obtenido ningún beneficio, por el contrario, se han desprestigiado y desgastado políticamente. Quien ganó en imagen fue, precisamente, La Prensa, porque aumentó la circulación del periódico.
Quiero hacer un llamado de alerta, porque presagio que se avecinan tempestades políticas que podrían degenerar en actos violentos y hasta en la pérdida de vidas, situación en la que los más afectados serían los ciudadanos panameños, tanto civiles como los uniformados. Cuando estos sucesos violentos se encienden, por lo general, los políticos que lo provocaron escapan en sus aviones o en sus yates y se van a otros lares a disfrutar de sus fortunas.
Quienes nos gobiernan hoy y la clase política que aspira a conducir la Nación, por la vía democrática, deben ser conscientes de que en una revuelta del orden público todos resultamos perdedores. Este presagio debemos considerarlo con seriedad.
Con este asedio a un periódico, como respuesta a la denuncia de posibles actos de corrupción e impunidad en el manejo de la administración del Estado por parte de algunos funcionarios y ministros, se evidencia –y es lo verdaderamente peligroso y temerario– la intención de querer transformar a la Policía Nacional en una “policía de terror y garrote político” contra el propio pueblo, y al servicio de los intereses del poder y el lucro de algunos políticos inescrupulosos, sin moral ni vergüenza.
Ya es noticia que el ministro de Seguridad ha dado instrucciones de militarizar la frontera con Costa Rica, tradicionalmente pacífica y amistosa. Todo esto justificado por un contrabando histórico de subsistencia entre aquellos vecinos que comparten la frontera de Paso Canoa, tema que debe ser atendido por los funcionarios de Aduanas, del Ministerio de Comercio e Industrias, de los corregidores y por los policías de pito y tolete. Debemos interpretar que se ha iniciado la politización, también, del Senafront, pero el ministro no da la cara ni asume la responsabilidad.
Estoy seguro de que el propio Presidente de la República aún no ha calculado los alcances de este acto de irresponsabilidad y demencia política, que amenaza con hacer colapsar el avance democrático que la República traía, sobre todo frente a las elecciones del año 2014.
Por lo general, los políticos en el poder apuestan a que los miembros de la fuerza pública, en caso de una crisis, saldrán a romper cabezas y a derramar la sangre de sus propios hermanos para que ellos se mantengan en sus cargos; empero, cuando caiga el quinto panameño muerto, el gobierno caería, también, y correría el riesgo de ser sustituido por las tradicionales “juntas de gobierno”, todas impredecibles. Ojalá no tengamos que llegar a ese punto de caos y estado de desorden para que nadie llore.
