El aumento del salario mínimo es un tema de mucha importancia para el país, y en el se encuentran involucrados tanto el Gobierno como la empresa privada. La discusión se centra o se basa principalmente en el alto costo de la vida, que para algunos es ya insostenible. Esta es una realidad que es indiscutible, pero lo que sí es discutible es la forma como se pretende abordar y solucionar el tema.
Considero que no se deben establecer nuevos aumentos de salarios, de forma caprichosa y antojadiza, mucho menos utilizando tales aumentos como un bastión político, sin embargo, esto último parece ser el talón de Aquiles de la discusión. ¡Ojalá nos equivoquemos todos!, pero parece ser cierta la intromisión política en el tema.
No pongo en duda la realidad del alto costo de la vida por el que atraviesa Panamá, sin embargo, hay empresas que se esfuerzan (de acuerdo a sus capacidades económicas) por solventar ese problema, pagando bonificaciones tanto en especie como en dinero, arrojando con ello excelentes resultados entre la clase trabajadora. Al parecer tales esfuerzos no son suficientes ante los ojos del Gobierno.
La responsabilidad del Ejecutivo frente a dicha reforma debe ser seria, de lo contrario se estaría poniendo en riesgo no solamente a la empresa privada, sino también a las actuales y futuras inversiones que recibe el país.
Le recordamos al Gobierno que la empresa privada afronta actualmente una lucha frontal en contra del alto costo de la energía eléctrica, en contra del aumento de los materiales de construcción, en contra del aumento de los impuestos, en contra del aumento del combustible; en fin, en contra de un sinnúmero de situaciones y erogaciones que atentan contra sus planes de crecimiento y estabilidad, lo que sumado a una reforma salarial apresurada (como se ha hecho costumbre), atentaría contra la estabilidad de dichas empresas y en contra de un mayúsculo número de plazas de trabajo.
El aumentar los salarios por aumentarlos, no es una solución al problema. Ese aumento debe conllevar también un aumento de responsabilidades laborales, que amalgamadas ambas, debe contribuir al crecimiento de las empresas. De lo contrario, sería otro golpe económico más en detrimento de las mismas.
Es mejor abogar por una reforma integral al Código de Trabajo, que por una simple reforma salarial como solución al problema. En ese sentido, se debe contemplar no solo el escalafón salarial, sino también ampliar, desarrollar y regular laboralmente los temas de turismo, comunicaciones, transporte privado, los teletrabajos, etc. Temas que el actual Código toca someramente, careciendo algunos de ellos de regulación. En esa medida podemos seguir construyendo, con pie seguro, nuestro desarrollo empresarial y nacional.
Esperamos que el tema político–partidista no se involucre en esta reforma, toda vez que sería otra decepción ciudadana y una verdadera irresponsabilidad en detrimento de la empresa privada, misma que es el sostén del desarrollo nacional.
En cambio, si el proyecto de reforma salarial se maneja de forma seria, pensada, y es debidamente consultado entre todos los sectores productivos del país, se estaría gobernando con una gran visión, misma que todos los panameños anhelamos.
Esperamos que el Ejecutivo tenga el buen tino de procurar que las pretendidas reformas se ajusten a las mejores necesidades empresariales y laborales del país, sin que tales pretensiones remunerativas se conviertan, una vez más, en el bastión político de una lucha de clases sin sentido.
