Para repetir una práctica de inicios de la década de 1990, desde el pasado mes de febrero se reúne la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), con el objeto de revisar la legislación vigente y proponer las reformas que regirían los comicios del año 2019.
La CNRE, es oportuno destacarlo, no nació por mandato de la ley; su existencia solo la respalda un decreto del Tribunal Electoral. Ese precario estatus legal tuvo mucho que ver con el destino final del proyecto de ley que produjo la CNRE en el año 2010 y que terminó siendo engavetado por la Asamblea Nacional en el año 2011.
El proyecto de 2011 pasó el primer debate con sustanciales modificaciones, entre ellas, la muy importante inclusión de “la segunda vuelta”. En el segundo debate se aprobaron dos terceras partes, o sea, unos 60 artículos; pero después ardió Troya. Por un lado, los magistrados del Tribunal Electoral, entonces presidido por Gerardo Solís, con el respaldo de sus colegas Pinilla y Valdés, en una actitud apocalíptica exigían que el proyecto se aprobara sin cambios o que no se aprobara nada. Por su parte, la Asamblea, justificadamente, rechazó esa pretensión basándose en que la función de expedir las leyes por mandato constitucional es exclusiva y excluyente del Órgano Legislativo.
El proyecto fue devuelto a primer debate de manera asaz irregular, y luego desestimado. Posteriormente, en su lugar, e ignorando la demanda de los magistrados, se aprobó la Ley 54 de 2013, que sirvió para viabilizar las candidaturas independientes o de libre postulación a la Presidencia de la República. Estas, de no haberse aprobado esa ley, hubieran transitado a un limbo legal.
En términos prácticos y para sus efectos a futuro, en la CNRE la última palabra la tienen los partidos políticos, pues cuentan con cinco de las nueve representaciones habilitadas para votar.
Y de crearse un nuevo partido, esa mayoría aumentaría. Pero además, cualquiera sea el resultado de los debates en la CNRE, cuando el anteproyecto de reformas vuelva a la Asamblea, los partidos, que controlan 70 de los 71 diputados, harán lo que mejor convenga a sus intereses electorales. Así de simple y así de claro.
Por eso, el futuro del producto final del ejercicio que realiza la CNRE dependerá, principalmente, de la fortaleza de los consensos que en ella se alcancen. Aquellas propuestas de reforma con respaldo dividido corren mayor riesgo de ser ignoradas por los señores diputados.
Los temas medulares de las posibles reformas a la legislación electoral aún están pendientes y son: el financiamiento de las campañas políticas y de la política en general, y la propaganda electoral. La mayoría de los partidos, siguiendo la propuesta del PRD, propugnan por el aumento del subsidio pagado con fondos públicos. El Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, que concentra representaciones de los trabajadores organizados, la empresa privada, los sectores académicos y las oenegés, es partidario de la reducción del aporte estatal, que actualmente es equivalente al 1% de los ingresos corrientes del Gobierno central. Para el pasado proceso electoral, el aporte del Estado fue de $70 millones, y si la propuesta del PRD saliera adelante, para el venidero sobrepasaría con creces los $100 millones.
¿Cómo reaccionaría el pueblo si se le consultara sobre un eventual aumento del subsidio electoral? Con seguridad lo rechazaría de plano. Y de nada serviría que los promotores del incremento alegaran que por esa vía se evitaría que el financiamiento privado siga influyendo decisivamente y según sus intereses en el resultado de las elecciones.
El debate en la CNRE se centra en si debe haber solo financiamiento público o si debe ser mixto. La fórmula vigente del financiamiento mixto, como se ha demostrado, es contraproducente, por cuanto los partidos y sus candidatos se benefician del aporte público y además siguen recibiendo ingentes sumas de sus patrocinadores privados, las que no están obligados a revelar.
Como puede apreciarse de este simple recuento, la reglamentación legal de las próximas elecciones está muy lejos de aclararse. Pero para que se pueda avanzar hacia normas que aseguren su transparencia y efectividad, el debate debe salir de la esfera restringida de la CNRE. El Tribunal Electoral así debe entenderlo y, más importante aún, patrocinarlo.
