Para Nicolás Sarkozy fue una sorpresa desagradable en su último día de vacaciones en Marruecos: la Corte Constitucional invalidó una ley de impuesto al dióxido de carbono (CO2) que el presidente de Francia había declarado un punto central de su política en este año que finaliza. Con ella buscaba ganarse el respaldo del electorado verde, pero ante todo, Sarkozy pretendía perfilarse en el escenario internacional como líder en la lucha contra el cambio climático.
Los críticos del presidente se sienten bien por el fallo de los jueces: el impuesto al clima es injusto e ineficaz, dice la justificación. Muchos franceses están contentos, porque si la ley hubiese entrado en vigencia, a partir de ayer viernes la gasolina iba a costar casi seis centavos de dólar más por litro, mientras que los precios del gas iban a subir 7%. Los vendedores de combustible para calefacción casi no daban abasto los días pasados para cumplir con los encargos, porque muchas personas querían llenar sus tanques al precio viejo.
Sarkozy descubrió la política ambiental tarde. En Francia, los verdes tenían hasta ahora un papel relativamente insignificante. Pero su sorpresivo éxito en las elecciones europeas de junio, en las que obtuvieron el 16%, desconcertó a Sarkozy. Fiel a su estrategia de tomar ideas de sus opositores políticos, de pronto abogó por un impuesto al CO2.
En septiembre invitó a la jefa de los verdes Cécile Duflot al Palacio Elíseo e intentó, en vano, ganar su apoyo para el proyecto. No iba a ser fácil imponer la iniciativa, porque al fin y al cabo, Sarkozy llegó al poder con la promesa de no introducir nuevos impuestos. También en su propio partido enfrentaba una considerable oposición.
No fue mucho lo que ayudó cambiarle posteriormente el nombre: en lugar de impuesto al CO2 iba a ser de pronto “contribución al clima”. Una comisión gubernamental recomendó una tasa de 46 dólares por tonelada de CO2 emitida a la atmósfera. Tras un grito público, el Gobierno logró imponer 23.4 dólares por tonelada y, al mismo tiempo, introdujo gran cantidad de excepciones.
Los hogares iban a poder hacer descuentos en su declaración de impuestos a las ganancias, mientras que a las empresas se les eliminaba el impuesto industrial. La industria de fuerte consumo de energía y la aviación no estarían alcanzadas por la ley con el argumento de que ya tienen que pagar a nivel de la Unión Europea por su emisión de gases de efecto invernadero a través del comercio de certificados de emisión, si bien esto iba a ocurrir en algunos años.
Los jueces lo resumieron así: el impuesto al CO2 planeado no hubiese incluido ni la mitad de los gases de efecto invernadero. El 93% de las emisiones industriales de CO2 no se habrían visto afectadas. El sorpresivo fallo satisfizo a la oposición. El impuesto al CO2 del presidente francés sólo hubiese sido un engaño, opinaron los verdes. “Una grave derrota para Sarkozy”, trascendió del bando socialista. El Gobierno tiene previsto presentar en un plazo de tres semanas una nueva propuesta, para salvar el proyecto anterior y mitigar el déficit impositivo, que amenaza con alcanzar los 5 mil 880 millones de dólares. Pero el espacio de juego es estrecho: el Gobierno tiene poco interés en perjudicar la competitividad de su propia industria a nivel mundial. Además, en marzo se realizarán elecciones regionales, por lo que es un momento muy inoportuno para volver a debatir sobre el impuesto al CO2.