El río Piedra nace en las faldas del volcán Barú y es uno de los más veloces del mundo, pero esa característica está desapareciendo a causa del exceso de hidroeléctricas y concesiones mineras. El río languidece por la disminución del caudal, haciéndose más palpable en la estación seca.
Es menester considerar que la potabilizadora de la ciudad de La Concepción se ubica en el cauce de este río de aguas cristalinas. Actualmente se han otorgado cinco concesiones hidroeléctricas y hay otras que están en trámite, lo que agravará aún más ese frágil ecosistema acuático de agua dulce, porque los gobiernos se han enfrascado en la construcción de infraestructuras de este tipo como la forma más fácil de generación de energía limpia. Sin embargo, estas no cumplen con su cometido, pues resulta que el Gobierno autorizó la interrupción de la energía eléctrica entre las 11:00 a.m. y 3:00 p.m. No sabemos si la demanda de electricidad que hace falta es la que se vende al exterior. Lo cierto es que los apagones afectan la economía nacional, porque se interrumpe el servicio en las horas más productivas.
Habría que ver si, efectivamente, el Gobierno toma las mismas precauciones de ahorro, cosa que lo dudo, porque el despilfarro se observa por doquier.
Ya se han entregado varias concesiones para la extracción de minerales no metálicos en el río Piedra, algunas ocasionan daños ambientales y contaminan las aguas con las maquinarias que trabajan dentro del cauce. Además, esto altera la fauna acuática, daña propiedades privadas y desfigura el paisaje natural, con el riesgo de desbordamientos del río y afectaciones a la comunidad, como ya ha pasado. Las grandes maquinarias que extraen los materiales también remueven parte del lecho del río, lo que provoca la infiltración de agua al subsuelo y reduce la cantidad disponible para las labores agropecuarias e industriales.
Un ejemplo de afectación lo tenemos en el sistema de riego Remigio Rojas, que se construyó durante el quinquenio anterior con una inversión inicial de 64 millones de dólares, para apoyar la producción agropecuaria nacional y de exportación. Ese sistema está subutilizado porque el pobre caudal del río impide un adecuado funcionamiento, por esta razón está en peligro la inversión realizada con los impuestos del pueblo. Es interesante observar que la licitación y construcción del proyecto de riego se realizó antes de que se otorgaran las concesiones hidroeléctricas y de extracción minera, perjudicando tanto a los productores como a los contribuyentes.
Los estudios de impacto ambiental de las actividades citadas no exigen análisis exhaustivos del ciclo biológico de la fauna acuática, algo que debiera considerarse toda vez que la contaminación y el bloqueo (por los embalses) la ponen en peligro de desaparecer, si es que ya no han desaparecido muchas de ellas. Se desconoce a profundidad el comportamiento reproductivo de ciertas especies de agua dulce, algunas deben recorrer todo el río para lograr su supervivencia.
Estoy seguro de que en otros ríos del país se corre la misma suerte, por el poco importa de algunos depredadores de recursos naturales, ante la mirada disimulada de las autoridades.
Concluyo con una exhortación a los funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente y de la Dirección General de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias, para que miren bien lo que hacen y aprueban, porque algunas de sus autorizaciones ya generan grandes daños a los recursos naturales, muchos de los cuales no son renovables.
La Constitución Política y la ley les indican, con claridad, que el interés colectivo priva sobre el particular. Hay que buscar el desarrollo, pero este debe ser sostenible, mitigando el daño ambiental.
