La Caja de Seguro Social es mi alma mater, por eso causa dolor ver, desde hace muchos años, como se ha deteriorado la prestación de servicios de salud y como estamos a punto de ver fracasado el programa de pensiones. A este último punto deseo referirme.
En un dialogo accidentado, que duró varios meses se pretendió establecer un consenso, pero, por razones obvias, no se obtuvo un resultado positivo y ahora se solicitará a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la realización de un estudio actuarial.
El programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es un programa solidario intergeneracional que con solo los aportes obrero-patronales, el rendimiento de las inversiones, el aumento de la expectativa de vida, la evasión, las malas inversiones, la corrupción y al restarle los aportes de los contribuyentes jóvenes con el nuevo programa individual, está en cuidados intensivos.
El conocimiento de esta situación es periódico de ayer. Desde la reforma del 2005, sé sabía que se iban a requerir ajustes, sin embargo, los dos últimos gobiernos, irresponsablemente, pensando más en las próximas elecciones, decidieron “patear la lata hacia adelante”. Esta insensatez la rubricaron con un aumento escandaloso de la planilla y aprobando proyectos salpicados de mala administración y corrupción.
El país atraviesa una situación sanitaria sin precedente, que obligó al Estado a endeudarnos para hacerle frente a la crisis. Esta situación nos llegó en medio de una desaceleración económica y produjo una caída de nuestras finanzas, elevando el desempleo y dándose el cierre definitivo a miles de empresas en medio de un incremento del del narcotráfico y su penetración en importantes sectores del país y de la ausencia de justicia.
La desaceleración mundial produjo un aumento desmesurado del costo de la vida y esto lo sufren los 300 mil panameños, que se han quedado sin trabajo y el más del millón que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Una vez controlada la pandemia, la prioridad es acelerar la recuperación económica antes de entrar en la agitación electoral del 2024. Por ello opino que no se debe introducir en el ambiente nacional temas que alteren el clima social necesario para la recuperación económica y la creación de nuevas plazas de trabajo. Ya hemos visto lo sucedido en otros países al tratar este tema.
No se trata de hacer lo que han hecho otros gobiernos, no podemos criticarlos y emularlos, y no afrontar con seriedad la situación, se trata de permitirle al país un tránsito sin sobresaltos, hacia la recuperación económica y de los puestos de trabajos que desaparecieron.
Se debe aprovechar la intervención de la OIT y sectores locales para planificar las reformas que se requieran y ejecutarlas a partir de julio de 2029, esto dará el tiempo necesario para que nuestra economía alcance un mejor grado de recuperación y la justicia, la educación y otros sectores alcancen un mejor nivel de institucionalidad y desarrollo.
En ese período se debe, además, perfeccionar la autonomía real de la institución, profesionalizar la Junta Directiva, reducir la exagerada planilla, eliminar la evasión y la doble erogación de pago de pensión/sueldo, etc.
En conversaciones con economistas de renombre en el país, en ese mismo período de tiempo se debe financiar el IVM con parte de los recursos provenientes del exterior, entre ellos: parte de los ingresos del Canal, la Autoridad Marítima de Panamá, los consulados, puertos, aeropuertos, minería, etc. Lógicamente hay que perfeccionar la gestión de cobro de los impuestos del país para que el Estado aporte lo restante necesario. Los expertos nos dirán el monto y el cómo. Es decir, sin crear nuevos impuestos y con una programación de ajustes a la ley de CSS se puede salvar el IVM hasta su extinción después del 2060.
El autor es neurocirujano y exministro de Estado
