El presidente Torrijos –para esta época de Navidad y como tradición de los tiempos de los cuarteles– se ha acostumbrado a solicitar facultades extraordinarias para la discusión de temas de interés nacional e internacional que merecen una discusión amplia, pues se trata de decisiones cuyos efectos irán más allá de su periodo de gobierno, que gracias a Dios se acerca a sus postrimerías.
La Constitución, esa que nos debe regir a los panameños y que para el gobernante es un simple documento sin mayor importancia, contempla en su artículo 159, numeral 16, la figura de las denominadas facultades extraordinarias y aquí se debe aclarar que la figura se llama "facultades" y "no poderes", como se menciona a cada rato, pues no es que el poder se imponga, por el contrario lo que se desarrolla es una facultad para resolver situaciones de importancia extrema, que no pueden esperar a que termine el receso de la Asamblea Nacional.
La Constitución española contempla la misma figura, pero le da la categoría de que debe ser en caso de "extraordinaria y urgente necesidad y que los decretos leyes deben ser sometidos inmediatamente a la consideración del Congreso para su debate y aprobación", véase artículo 86 de dicho documento.
Caso contrario ocurre en Panamá. Recuerdo los decretos ley que demandamos con el tema de extinguir la Clicac y crear la inoperante Autoridad de Protección al Consumidor, que es un ente represor de los empresarios opositores. Dicho decreto ley no fue sometido a la Asamblea, una vez ésta se instaló. Lo que fue peor aún era una norma que desarrollaba materias de garantías fundamentales, cuando le está prohibido por la propia Constitución al Ejecutivo legislar. La Corte fallo políticamente con el salvamento en tiempo y honor del magistrado Arjona.
Pero hay que recordarle al presidente Torrijos que él solo está por cinco años o casi cinco por el recorte constitucional y, por tal motivo, no se puede dejar llevar por el capricho de algunos asesores que pretenden pasar temas todos los veranos, sin que se den las discusiones y consultas del caso. Y me permito decir que el presidente Torrijos cuenta con el peor equipo de asesores que ha tenido presidente alguno, por lo menos de los del periodo en democracia. Se rodeó de compinches y aduladores y dejó por fuera a esos viejos zorros que eran capaces de argumentar y proponer acciones que a veces no daban margen a críticas de los opositores.
Martín Torrijos sigue jugando a ser candidato y si en el último año que le queda de gobierno no reorganiza sus cuadros, quedará como el máximo responsable de la pérdida electoral que sufrirá el PRD en las elecciones de 2009. Mientras siga creyendo en figuras que no se ruborizan ante los actos de corrupción o que simplemente se la pasan adulando sin importarles el bienestar del país –llámese gobernadores de provincia, asesores ad honorem o pagados con salarios por encima de lo legalmente permitido– su fin político se le hace más cercano, aún cuando tiene edad para próximas batallas. Así veo las cosas y así las cuento.