GOBIERNO

No es solo el nepotismo…

No es solo el nepotismo…
No es solo el nepotismo…

Tras el caso del director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Edwin Cárdenas, parece que se abrió una caja de Pandora en cuanto al nepotismo en la administración pública. ¡Enhorabuena, se reacciona contra este mal endémico del sector público! Sin embargo, consideramos que el conglomerado de solicitudes de investigación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ha llevado el debate sobre el problema de la vinculación al “servicio público” desde una perspectiva parcial. Como ha replicado la directora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ada Romero, la investigación de nepotismo es una de las más fáciles, pues basta comprobar con el certificado de nacimiento, si existe o no parentesco entre el funcionario y su superior.

Sin embargo, hay conductas como el amiguismo o el conflicto de intereses, que son igual de perniciosas para el correcto funcionamiento de la administración pública, pero no se mencionan con igual insistencia al criticar la corrupción. Y es que, si es criticable que una persona nombre o gestione el nombramiento de un familiar en un cargo público, también lo es el nombramiento de una persona por ser amigo, conocido o como recompensa como el pago de favores políticos.

Esto no solo dificulta la evaluación objetiva del desempeño del funcionario, con el fin de garantizar que se dedique en su cargo “al máximo de sus capacidades” como señala el Art. 302 de la Constitución, sino que facilita un mecanismo para la realización de actos de corrupción u obtención de provechos ilícitos, que en casi la totalidad de las veces involucra la participación de más de una persona (en ocasiones, auténticas organizaciones criminales), las que funcionan como “testaferros”. Es decir, mediante “interpuesta persona”, como señala el ordenamiento panameño, y que como se ha dicho, son relaciones difíciles de probar.

Es a la luz de estos preceptos, también recogidos en el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos de 2004 (Art. 21, independencia de criterio, y 39, conflicto de intereses) que son criticables casos como el nombramiento de la excontralora Gioconda Torres de Bianchini, quien laboró durante años con el funcionario que debía fiscalizar, el presidente Martinelli, o el de designación de magistrados –según la Constitución y la ley estos deben ser “independientes en el ejercicio de sus funciones” (Art. 210)– que recaen en personas que ocuparon cargos públicos de la mano de determinado partido y son (o han sido) miembros de estos, por ejemplo, Alberto Cigarruista, Winston Spadafora, Oydén Ortega, Harley Mitchell, José Almengor, Harry Díaz o el propio Erasmo Pinilla. Ni qué decir de la inobservancia del Art. 212 de la Constitución que señala la incompatibilidad de los jueces con el ejercicio del comercio, cuando cada cierto tiempo escuchamos de jueces y magistrados que son agentes residentes o dueños de sociedades anónimas.

Lo peor es que los que ocupan o han ocupado un cargo público utilicen esto como plataforma para ejecutar favores u obtener beneficios, como se sospecha (respetamos la presunción de inocencia) en el caso de Ignacio Fábrega en la Superintendencia del Mercado de Valores, hoy prófugo de la justicia, o de Anabel Villamonte en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. Villamonte, omitiendo el deber de excusa que señala el Código de Ética, en su Art. 40, tramitó gestiones a título gratuito a favor de sociedades de las que previamente había sido representante legal. Ante el conocimiento público de los hechos, Villamonte tuvo igual destino que Cárdenas: la renuncia de su cargo, pero lo cierto es que incurrió en una conducta impropia, lo que a su vez afectó el patrimonio público, independientemente de la existencia o no de responsabilidades penales. Ella fue sobreseída definitivamente. Y es curioso notar, que mientras el deber de excusa e impedimento del funcionario regulado por el Código Uniforme de Ética aplica a cualquier caso de conflicto de interés, en la Ley de Carrera Administrativa, solo aplica al caso de familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en el caso de contratos con la Nación (Arts. 139, numeral 18; 140, numeral 8 y 155, numeral 8 del texto único de 2008). Cabe preguntar, si el resultado hubiera sido diferente, de haber estado consignada tal obligación en la Ley de Carrera Administrativa y no solo como una norma ética que la propia ley considera apenas como un “parámetro de orientación”, sobre todo, dado el principio de legalidad en materia penal.

Lo más lamentable es que las reformas oportunas no han llegado. Se han hecho propuestas sobre la regulación del conflicto de interés de varios signos políticos (José I. Blandón, en julio de 2009, y Ana Matilde Gómez, en agosto de 2014), pero nunca han pasado de la comisión correspondiente. Y si bien, las iniciativas son loables, creemos que con las debidas modificaciones y su efectiva implementación, basta la Ley de Carrera Administrativa (y la Constitución) para lograr este objetivo que el hastío ciudadano exige para acabar con las prácticas que atentan contra la buena gestión pública y generan la sangría de los fondos estatales.

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