Solo 3 personas, de una lista de más de 15, fueron detenidas el 18 de noviembre en la operación Damasco. Cuando los miembros de la Policía Nacional y el Ministerio Público fueron a allanar las residencias de los sospechosos, las mismas estaban vacías.
Meses más tarde, detienen en Los Santos a una funcionaria del Órgano Judicial que, según la información que proporcionó el Fiscal del caso, había alertado a los perseguidos de la operación, dándole suficiente tiempo para escapar antes de que llegaran las autoridades.
La reacción del Órgano Judicial fue hacer un comunicado “desmintiendo” publicaciones en los medios, rechazando que la funcionaria detenida fuera asistente de una magistrada, solo para admitir en el siguiente párrafo del comunicado que, en efecto, la detenida había sido la asistente de la magistrada en el período más sensitivo de la operación.
La versión de Nicel Solano, funcionaria del Órgano Judicial desde el 2010, juez de garantía al menos desde el 2020 y asistente de una magistrada de junio a diciembre, es que se encuentra de licencia desde diciembre. En la planilla de enero 2022, publicada por el propio Órgano Judicial, todavía aparece como asistente de la magistrada.
Más allá del pobre intento del Órgano Judicial de tratar de minimizar la responsabilidad de tener una funcionaria de muy alto nivel colaborando con una de las bandas más peligrosas del país y perseguida internacionalmente, el Órgano Judicial debería informarle a la ciudadanía qué están haciendo para buscar a otros posibles cómplices internos y para evitar que el crimen organizado siga penetrando sus débiles estructuras.
La carrera judicial y su Tribunal de Integridad y Transparencia cobran especial importancia en esta situación. La nueva administración de la Corte ha hecho un compromiso público y ha dado los primeros pasos para su implementación, la deuda viene de administraciones anteriores. Sin embargo, la pobre comunicación en un caso tan sensitivo alimenta innecesariamente la desconfianza ciudadana.
En la audiencia, el Fiscal dijo que Nicel Solano estaba grabada en el celular de uno de los imputados como “juzgado 2”, esperamos que no escatimen esfuerzos en localizar a juzgado 1,3,4,... y que, a la hora de comunicarlo a la ciudadanía, lo hagan con total transparencia.
La penetración del crimen organizado en las instituciones de justicia es un hecho, lo que necesitamos los ciudadanos es conocer lo que están haciendo para combatirlo.
La autora es miembro de Movin y copresentadora de Sal y Pimienta
