Después de una larguísima contienda política, saturada de epítetos, comentarios irrespetuosos y referencias personales negativas entre los candidatos principales a puestos de elección popular, al fin llegó el día en que los panameños elegimos al Presidente de la República.
El Presidente es la persona escogida por la mayoría de los electores para administrar la hacienda pública del Estado panameño. Su obligación constitucional es velar por el bienestar de todos los ciudadanos. Su afiliación política tiene que mantener una prudencia de las decisiones a tomar como máximo Ejecutivo del Gobierno, en la búsqueda de los mejores intereses de la nación.
Todas las promesas hechas durante la campaña tienen que ser cumplidas o, en su defecto, dar las explicaciones honestas del incumplimiento de algunas, de lo contrario sentiremos que nuestro máximo dirigente es no solo un mentiroso, sino una persona sin escrúpulos, indigna del cargo que ostenta, algo que a toda costa debe evitar un administrador digno, honesto y responsable.
Llegó la hora de preparar un equipo de gobierno honesto y trabajador que, sin excepciones ni contemplaciones de ninguna índole, haga cumplir las leyes y la Constitución nacional.
Si la Constitución política del país prohíbe los fueros y privilegios, es inaceptable que los diputados, los magistrados del Tribunal Electoral y los de la Corte Suprema disfruten de la exoneración de impuestos de introducción de los automóviles que compran para su uso.
La Constitución no puede ser obviada, no importan los argumentos o justificaciones que algunos leguleyos pretenden esgrimir para ello. Señor Presidente, si usted se propone, como lo ha expresado repetidamente durante la contienda política, trabajar mancomunadamente con los mejores hombres y mujeres, independientes o de cualquier partido, pida la cooperación honesta de quienes anteponen los intereses del país a los personales.
La palabra honestidad ha ido perdiendo su inmenso y fructífero significado, absorbida por quienes practican el culto a la ostentación de todo lo material, dinero y bienes, lo que en muchas ocasiones se obtiene utilizando métodos poco ortodoxos, donde los escrúpulos son un obstáculo. Que la honestidad sea un requisito ineludible a exigir a todo funcionario, sin excepción de rango, nombre y apellido. Si solo los honestos ocuparan los puestos gubernamentales, usted puede estar confiado en que la gestión a su cargo será modelo de buena administración, admirada por propios y extraños.
Ni los políticos en el gobierno de turno, ni los de oposición al gobierno en ejercicio son los dueños del país; los ricos, los pobres, los indigentes, de cualquier color o sexo, de cualquier apellido, son los verdaderos dueños, exijamos al gobierno una buena administración que permita una mejor distribución de las riquezas.