Se ha hecho tradición gremial prohibir el ejercicio de profesiones y oficios a extranjeros que viven legalmente en Panamá, nacionalizando todo tipo de actividades.
La génesis de esta actuación está en la constitución filo fascista de 1941, mediante la cual se le quitaron todos los derechos a los extranjeros que habitan o hacen negocios en Panamá. En la constitución de 1946, estas ideas verdaderamente desfasadas y peligrosas, no pudieron ser completamente borradas, manteniendo algunas normas que hoy, los panameños, encontramos normales, sin entender cuán anormales realmente son.
Se trata de la coletilla del artículo 20, el cual establece igualdad entre todas las personas sujetas a la jurisdicción panameña, pero hace algunas salvedades que han sido mal entendidas por algunos como una excusa para la discriminación. Y el artículo 73, que se refiere a la protección del trabajador panameño.
Estas normas son peligrosas, precisamente porque cuando los naturales de un país se sintieron superiores (raza superior) a los de otras nacionalidades, empujaron a la humanidad al peor conflicto bélico de nuestra historia.
Al finalizar la guerra, resurge un movimiento para lograr el reconocimiento universal de ciertos derechos propios e inalienables de la persona humana, imposibles de desconocer por parte de los Estados, sin violar las normas de derecho internacional y de humanidad. El resultado de ese esfuerzo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre cuyos postulados está, precisamente, la no discriminación sobre la base de la nacionalidad, así como el derecho al trabajo de todo ser humano.
Las normas que impiden que alguien ejerza un oficio o una profesión por su nacionalidad, son discriminatorias. Además, si impiden trabajar a una persona legalmente en Panamá siendo ese su oficio o profesión, viola el derecho al trabajo.
Además de violar los derechos humanos, estas medidas atrasan a Panamá, al impedir la importación de talento y el desarrollo de estas disciplinas para beneficio de todos y, en especial, de los consumidores de estas profesiones y oficios. Aún peor, la mayor parte de nuestro conocimiento proviene del conocimiento universal y requiere del saber de otras latitudes para desarrollarse.
Le hace daño a la economía nacional porque impide la inversión en áreas claves para el desarrollo nacional. Para demostrarlo me voy a servir de tres ejemplos. Primero, Panamá pretende atraer inversión en el área farmacéutica para así desarrollar el potencial de nuestra biodiversidad. Estas empresas invierten y se desarrollan con sus propios equipos técnicos, en quienes confían. Obligarlos por ley y no por su capacidad, a utilizar químicos panameños, por ejemplo, lo único que logra es que se vayan a Costa Rica.
Otro ejemplo, Panamá nacionalizó la venta al por menor cuando era el centro de compras de América Latina, para eliminar la venta al por menor de los chinos. Ochenta años más tarde los chinos siguen dominando la venta al por menor, pero Panamá dejó de ser el centro de compras que era, para beneficio de Miami. Le decimos al mundo que no queremos inversión extranjera como Walmart u otros establecimientos similares, porque no queremos que los chinos tengan abarroterías ¡brillante!
Por último, Panamá fue el centro médico de América Latina. Nuestros hermanos de la región venían a Panamá a recibir cuidados médicos. Contábamos con la tecnología más avanzada y toda una industria turística se desarrolló alrededor de esta actividad. Pero, la medicina tenía que ser nacionalizada. El resultado, surgió Houston y perdió Panamá. Pocos vienen hoy a nuestro país a recibir tratamiento médico.
Los que impulsan estas legislaciones deben de entender que el país no puede aislarse, que el mundo ha cambiado. Que cada vez estamos más conectado y nuestras competencias deben ser globales, porque se consume globalmente. Que continuar por este camino sólo condena a las futuras generaciones a quedar fuera de su propio desarrollo y del país. El verdadero nacionalismo económico está en lograr hacer de Panamá el país más competitivo del mundo.
El autor es director de la Fundación Libertad
