El pasado martes 17 de diciembre sucedió uno de los peores episodios dentro de un centro penitenciario. La reyerta en La Joyita fue una masacre desalmada y espantosa. Lo sucedido allí es una prueba más de la debilidad de las estrategias de seguridad en las cárceles y la complicidad de ciertos agentes policiales que se prestan para introducir armas en estos recintos.
Me siento preocupado por esta situación, porque la masacre en La Joyita desembocó en balaceras en varios puntos de la ciudad y algunos lugares de Panamá Oeste, aparte de que acabó con la vida de 15 privados de libertad. Lo que más preocupa es que esta masacre se dio por rivalidades entre pandilleros.
También me preocupan mucho las declaraciones del ministro de Gobierno, Carlos Romero, en las que decía que las autoridades penitenciarias sabían que se estaban introduciendo armas en las cárceles, aparte de que no habían hecho pesquisas en el pabellón 14 de La Joyita ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Ojalá rectifiquen este actuar y se hagan pesquisas con la mayor regularidad posible.
Para nadie es un secreto que las pandillas se disputan el control de ciertos pabellones de las cárceles. Incluso, algunos dirigen sus pandillas dentro de ellas, lo cual también es preocupante.
Al sistema penitenciario le urge una reforma integral, en la que se pueda cumplir su papel resocializador de aquellas personas que hayan cometido delitos, producto de una mala decisión. Esa reforma debe cumplir con los estándares internacionales para velar que a los privados de libertad se les respeten sus derechos humanos.
Con el cambio de gobierno, las iniciativas para llevar a cabo esa reforma cambian, lo cual no es bueno, porque se está dejando al sistema penitenciario a la deriva, por no concretar las políticas necesarias para protegerla de la corrupción y de intereses perversos.
Resocializar a un ser humano es un proceso que puede tomar años, por lo que no se puede improvisar. Es necesario que el sistema penitenciario cuente con funcionarios adecuadamente preparados y sacar a la Policía Nacional de las cárceles.
Me parece acertada la decisión del presidente Cortizo de pedirle al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Seguridad Pública un informe detallado de los sucesos ocurridos en esa reyerta. Se deben ubicar a los responsables de introducir las armas a La Joyita, despedirlos y procesarlos en los tribunales. No podemos seguir permitiendo que se arriesgue la vida y la integridad de los privados de libertad.
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