Desde hace más de 50 años, se ha planteado la necesidad de crear un sistema único de atención de salud pública, como lo establece la Constitución. Sin embargo, seguimos manteniendo un sistema bicéfalo que, además de ineficiente, es más costoso. Un sistema que, por otro lado, discrimina entre asegurados y no asegurados, negándole el acceso de algunos servicios y medicamentos a los no asegurados.
Este sistema produce, además, el rechazo de los asegurados a los no asegurados, a pesar de que de un día para otro se puede pasar a la acera de enfrente.
Alrededor del 30% de los asegurados que trabajan principalmente en las áreas de la construcción, agro y comercio, pasa a ser no asegurados, quedando ellos y sus beneficiarios sin cobertura de salud. La pandemia de la Covid-19 acentuó esa cifra.
Este cambio estructural, denominado unificación del sistema de salud, se ha intentado sin éxito varias veces, porque se ha querido que ambas instituciones -Ministerio de Salud (Minsa) y Caja del Seguro Social (CSS)- continúen brindando la atención de salud, supuestamente de una forma integrada o coordinada. Esta fórmula, que se ha tratado de aplicar por medio siglo, es, desde mi punto de vista, un error.
Una exitosa unificación requiere definir con claridad las responsabilidades de cada una de las dos instituciones, de manera que solo una provea atención de salud, para evitar la duplicidad del servicio.
Bajo esos parámetros, el servicio de salud debe ser responsabilidad de la CSS, pero con el respectivo financiamiento del gobierno central para los no asegurados. Por ejemplo, el gobierno central podría financiar el 8% de los no asegurados, que es el porcentaje de la cuota obrero-patronal que aporta el empleador y que se utiliza para financiar la atención del cotizante y sus beneficiarios.
Ese 8% se calcularía en base a un promedio de los salarios que estén cotizando. Antes de la pandemia era de unos 750 dólares, lo que representa 60 dólares. Esa cantidad se multiplicaría por unas 333,334 familias que representan aproximadamente los no asegurados (hoy, por causa de la pandemia, podrían ser más), lo que significaría unos 240 millones de dólares al año.
Obviamente, son cifras que deben revisarse para que la CSS no sufra financieramente. Esa cantidad de dinero ya existe y aún más en el presupuesto de atención de salud del Minsa, o sea, que no hay que aumentar el presupuesto, sino utilizarlo de manera más eficiente y eficaz.
El gobierno central traspasaría, sin costo alguno para la CSS, todas sus instalaciones y en condiciones óptimas. Este proceso no demoraría más de tres años y se haría por grupos de corregimientos. Ejemplo, en la ciudad de Panamá, podríamos iniciar en conjunto con los corregimientos de San Felipe, Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú y Ancón. En esos seis corregimientos existen instalaciones de ambas instituciones. Igualmente, se podría realizar entre Bella Vista, Betania, Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo y Parque Lefevre. Esta estrategia se aplicaría en otras provincias.
Después de unos 9 a 12 meses de implementación con los ajustes necesarios, se extendería a otros corregimientos en cada provincia. De esta manera, se podría ir implementando la Atención Primaria de Salud (APS), usando estas áreas para la sectorización, que es vital para la instalación de APS.
El Minsa sería la entidad rectora de las políticas de salud del país, como bien lo señala el Libro Blanco, función que no logra cumplir a cabalidad por tener la responsabilidad de ser proveedor de servicios de salud. Además, debe cumplir su rol como generador principal de políticas de prevención y promoción de salud. Igualmente, podrá llevar a cabo de manera eficiente su función de fiscalizador, que en la actualidad no realiza de manera eficaz.
Durante ese tiempo se podría capacitar al personal de salud que desee dirigir una instalación de salud o un departamento, ya que tenemos grandes carencias en administración. Igualmente, se capacitaría a los médicos de cabecera, para lo que contaríamos seguramente con el apoyo de las sociedades de especialistas y las facultades de medicina.
El resultado de las consultas del Pacto del Bicentenario dejó en evidencia que la población exige una mejor atención de salud. Y el único camino que se tiene para ello, es un sistema único de atención de salud con el que se podría desarrollar un sistema o estrategia de APS, de primer nivel.
Estos son los dos cambios estructurales que tenemos que implementar. Sin ellos, seguiremos brindando una atención de salud de tercer mundo.
El autor es odontólogo y exviceministro de Salud
