El período inmediatamente anterior a la crisis económica en Estados Unidos se caracterizó por un excesivo apalancamiento en las entidades financieras y en el sector de la vivienda, lo que infló una burbuja de activos que en su momento explotó y dejó los balances dañados en grados diversos. El período posterior ha entrañado un ajuste del valor de los activos, el desapalancamiento y la rehabilitación de los balances, lo que ha originado la mayor tasa de ahorro actual, un importante descenso de la demanda interna y un marcado aumento del desempleo.
Así, pues, la cuestión más importante que ahora afronta Estados Unidos es la de si el continuo estímulo fiscal y monetario puede contribuir –como creen algunos– a enderezar la economía. Desde luego, en el punto culminante de la crisis, el efecto combinado del estímulo fiscal y de un relajamiento monetario en gran escala tuvo un gran efecto para prevenir la congelación crediticia y limitar la caída en espiral de los precios de los activos y de la actividad económica real, pero ese período ha concluido.
La razón es sencilla: el consumo, durante el período anterior a la crisis, con las ganancias de capital que resultaron ser en parte efímeras propició un período posterior a la crisis caracterizado por retracción del gasto, descenso de la demanda y mayor desempleo. La política anticíclica puede moderar esos efectos negativos, pero no puede reparar el daño ni acelerar la recuperación más allá de unos límites bastante estrictos.
A consecuencia de ello, los beneficios relacionados con el impulso a los ingresos de las familias financiado con cargo al déficit se están reduciendo ahora por la propensión a ahorrar y reconstruir un valor neto. Por la parte de las empresas, la inversión y el empleo sigue a la demanda, una vez que el ciclo de las existencias ha hecho todo su recorrido. Hasta que regrese la demanda, las empresas seguirán reduciendo gastos.
La conclusión es que el gasto deficitario está perdiendo ahora la batalla con una economía que se está desapalancando y está reestructurando sus balances, sus exportaciones y su composición microeconómica: en una palabra, su futuro potencial de crecimiento. La reestructuración llegará, con gasto deficitario o sin él. De modo que, a la hora de adoptar las políticas, hay que reconocer que la velocidad con que se puede hacer dicha reestructuración es limitada.
Intentar superar esos límites no solo podría dañar la balanza fiscal y la estabilidad y la fortaleza del dólar, sino también dejar la economía y la hacienda pública en una situación muy vulnerable frente a futuras sacudidas que contrarresten los muy modestos beneficios a corto plazo de una aceleración de la inversión y del empleo. La demanda revivirá, pero solo lentamente.
Cierto es que los precios de los activos se han recuperado lo suficiente para ayudar a los balances, pero probablemente no lo bastante para ayudar al consumo. Los efectos en el consumo tendrán que esperar en gran medida hasta que los balances, tanto de las familias como de las empresas, estén más plenamente recuperados.
Una mayor demanda exterior de los países que actualmente tienen superávits comerciales (China, Alemania y el Japón, entre otros) podrá contribuir a restablecer una parte de la demanda desaparecida, pero eso entraña también un cambio estructural en esas economías, por lo que requerirá tiempo.
Además, para atender una mayor demanda exterior harán falta cambios estructurales en la economía de Estados Unidos, lo que también requerirá tiempo. Con esto no quiero decir que el reequilibrio de la demanda mundial no sea importante: todo lo contrario, pero, para alcanzar esa meta, es más necesario restablecer los pilares del crecimiento mundial en los entre tres y cinco años próximos que un restablecimiento a corto plazo de los balances y del empleo en las economías avanzadas, en particular la de Estados Unidos.
Actualmente, la mejor forma de utilizar los déficit y la deuda pública es la de centrarse en las cuestiones de distribución, en particular la de los desempleados, reales y potenciales. En una larga recesión de los balances de este tipo, las prestaciones por desempleo deben ser importantes y prolongadas. El argumento de que eso disuadiría a los desempleados de buscar trabajo es cierta en tiempos normales, pero no ahora.
Al fin y al cabo, el desempleo actual es estructural y no consecuencia de incentivos perversos. Se deben aumentar y prorrogar las prestaciones durante un limitado período discrecional. Cuando hayan disminuido los obstáculos estructurales al empleo, las prestaciones por desempleo deben volver a regirse por sus antiguas normas, lo que no solo reduciría la desigual carga que recae sobre los desempleados, sino que, además, contribuiría a sostener el consumo y tal vez redujera algunos ahorros cautelares entre quienes temen perder su empleo en el futuro.