Cabe resaltar la invalorable libertad que poseemos desde que nacemos. En este sentido atina el reconocido pensador inglés, máximo exponente de la teoría filosófica del empirismo, John Locke, cuando afirma que el hombre en su estado natural es libre. Pero esta libertad tiene límites jurídicos, morales y éticos que tenemos que respetar.
Es importante recalcar de nuestra parte que en Panamá soñamos con un verdadero estado de derecho –con el que se quiere significar que la organización política de la vida social, el Estado, debe estar sujeto a procedimientos regulados por ley- en donde lo primordial sea el respeto de las garantías fundamentales de cada individuo y la voluntad popular, emanada lógicamente del pueblo, representada en una Asamblea Nacional; que nuestros gobernantes asienten el deseo popular y que los primeros sean fieles representantes del clamor popular.
La democracia, propiamente dicha, se fundamenta en el respeto, la solidaridad, la comunicación de los gobernantes con los gobernados y viceversa. Es esta, quizás, la clave para llevar nuestro país hacia mejores rumbos. Recordemos que ante cualquier disconformidad, la crítica debe hacerse a tiempo, no hay que dejarse llevar por la mala costumbre de criticar solo después de consumados los hechos.
Estas palabras aluden al todavía controversial tema de los decretos–leyes promulgados por el Órgano Legislativo, en torno a los cuales esperamos que nuestros diputados escuchen el clamor de la voluntad popular, representada por organizaciones como la Red Ciudadana, cuyos líderes son reconocidos civilistas como el Dr. Mauro Zúñiga y el Dr. Miguel A. Bernal, entre otros, que están prestos a rechazar cualquier acto que pretenda degollar nuestra libertad.
Entre todos los panameños tenemos que sembrar una cultura de protesta pacífica, pero encaminada a contrarrestar un objetivo que consideramos peligroso, luchar por metas fijas y defender la libertad que por 21 años defendimos con tanto afán en nuestras ya reconocidas luchas civilistas.
Nosotros, la nueva generación de ciudadanos, no vivimos o sufrimos las violaciones a los derechos humanos de las que fueron objeto nuestros padres en el pasado régimen “militarista”, pero debemos estar alerta porque se pretende revivir ese pasado con estos decretos, con la excusa de proteger a la ciudadanía, haciendo un alto a la delincuencia que azota nuestro país.
La solución no está en la ampliación de medidas coercitivas ni en la creación de un Servicio de Inteligencia para la erradicación de un mal. Si realmente se desea bajar el índice de la criminalidad, pensemos como sociedad organizada qué es lo que nos está afectando. Propongamos rescatar los valores y fortalecer el núcleo familiar, estas pueden ser algunas soluciones.