Más que sus palabras, la sonrisa en el rostro y un pícaro brillo en los ojos de G. Gordon Liddy evidenciaban la incredulidad que le causaba que le llamaran tortura al método de simulación de asfixia conocido como “el submarino” que entre 2002 y 2005, sus ex compañeros utilizaron contra detenidos sospechosos de actividades terroristas. Liddy, como usted recordará, es el ex agente de la CIA y del FBI, reconocido por sus jefes como “el salvaje”, y quien tuvo sus 15 minutos de fama cuando dirigió a los “plomeros” que montaron una red de espionaje político en las oficinas del comité nacional del Partido Demócrata en el edificio llamado Watergate.
La inolvidable escena acaba de suceder en un programa de televisión en el que un panel de expertos discutía sobre la reciente publicación de los memorandos emitidos por los abogados del Departamento de Justicia durante la administración del presidente George W. Bush. En uno de ellos, por ejemplo, se detalla con escalofríante frialdad cuál debería ser la inclinación correcta de la cabeza en relación a los pies del sospechoso amarrado a una tabla. Se especifica también la cantidad de agua que debería verterse en la cara del sospechoso y el tiempo que debería durar cada aplicación. En uno de los memorandos se alaba el ánimo de prevención de los torturadores por tener a la mano un equipo de médicos listo para realizar una traqueotomía en caso de que el interrogado dejara de respirar por nariz y boca.
El tema ha cobrado actualidad porque el presidente Barack Obama accedió a hacerlos públicos y su decisión ha provocado apasionadas y, en muchos casos previsibles, reacciones de grupos políticos de izquierda y derecha. Los liberales le exigen que a la denuncia se sume el enjuiciamiento a los responsables para dejar establecido que la administración de George W. Bush cínicamente autorizó el uso de la tortura e intentó ocultarlo. Más aún, lo que quieren es que quede debidamente establecido que al ordenar la tortura el propósito central no era obtener información para proteger al país de un nuevo ataque terrorista sino extraer por la fuerza una declaración de los sospechosos que estableciera un vínculo entre Irak y Al Qaeda que les permitiera justificar la invasión a este país, dado que no aparecían las famosas “armas de destrucción masiva” que sirvieron de pretexto inicial para la aventura. El reclamo de los conservadores cubre una amplia gama de argumentos. Muchos niegan que los métodos autorizados para interrogar a los sospechosos sean tortura. Otros dicen que la información obtenida mediante estos interrogatorios sirvió para prevenir nuevos ataques terroristas y otros aseguran que sería un gravísimo error prescindir de ellos si queremos sobrevivir en el mundo cruel en el que vivimos.
Hasta ahora, el presidente se ha rehusado al encauzamiento aduciendo que no le corresponde a él sino al Procurador de Justicia entablar acción legal si es que éste contara con la evidencia suficiente y necesaria. No olvidemos que la práctica de la tortura fue justificada legalmente por el propio titular de la Procuraduría en la administración anterior. Otra razón para no iniciar ahora un proceso legal es que lo verdaderamente importante es impedir legalmente la utilización de la tortura.
Según algunos expertos en temas de seguridad nacional, en algunos casos la información obtenida mediante estos métodos fue de gran valor. Otros cuestionan su valía aduciendo que bajo esas circunstancias el torturado siempre le dirá al torturador lo que éste quiere oír aunque la información sea evidentemente falsa.
Probar cualquiera de estas teorías es virtualmente imposible dada la reserva natural sobre temas de seguridad nacional. Pero de lo que no cabe duda es que cuando un país que presume de su apego al estado de derecho y su respeto a los derechos humanos recurre a la tortura para obtener información se coloca en la misma dimensión moral de los criminales a quienes persigue y eso es una verdadera tragedia.