Mario A. Rognoni El funcionamiento del centro bancario en Panamá ha permitido la práctica de usos o costumbres bancarias que se traducen en operaciones crediticias interbancos, mediante la colocación de depósitos a corto y largo plazo, con las garantías suficientes para el recobro de las sumas así consignadas. El Banco Nacional de Panamá (BNP), al igual que el resto de los bancos del centro bancario, celebra contratos de depósitos para obtener las utilidades que el sistema financiero permite.
El Banco Nacional de Panamá celebró con el Banco DISA un contrato que renovó con nuevos depósitos, para el cual convinieron en un método especial de enajenación de las garantías en caso de incumplimiento de DISA, en virtud del cual se facultaba al banco acreedor (BNP) para vender directamente los valores ofrecidos como prenda comercial, y aplicar el valor de la venta a todas las deudas de Banco DISA con el BNP. Precisa aclarar que el BNP, en virtud de cesión de depósitos con la Caja de Ahorros, se convirtió en acreedor del Banco DISA por el monto de dicha cesión, la cual fue debida y expresamente comunicada y notificada a la administración del banco deudor, el cual acusó recibo de esa operación.
Es un hecho jurídico irrebatible que los contratos son ley entre las partes que los suscriben. La cesión convirtió el depósito cedido en una obligación de Banco DISA frente al BNP, mucho antes de la intervención y la liquidación de Banco DISA. El método especial de la enajenación de las garantías y la aplicación de su valor a todas las deudas de Banco DISA con BNP fue debidamente pactado y está contemplado en el Código de Comercio (título XIII, capítulo II).
La Superintendencia de Bancos, con fundamento en el informe presentado por la empresa asesora (Trading and Marketing Proyection, Inc.) y a los riesgos financieros operacionales, y al hecho de que, según el informe, existían operaciones de modo negligente en Banco DISA, S.A., decretó el día 14 de agosto de 2001, mediante Resolución No.S.B.52-2001, la intervención de Banco DISA, S.A. y ordenó la suspensión de todas las operaciones bancarias de dicho banco. Ante un ofrecimiento que calificó de firmes compromisos de los accionistas, de aportación de capital al banco, se dejó sin efecto la resolución de intervención en la misma fecha en que se había decretado la Resolución S.B.52 del 14 de agosto de 2001.
La continuidad de la administración de Banco DISA supuso normalidad en las operaciones, pero la dilación de medidas importantes e inevitables produjo la intervención posterior con la secuela de hechos frente a los acreedores, pero no ante los accionistas que habían defraudado e incumplido su compromiso adquirido ante la Superintendencia de Bancos. Igualmente se desconocen las acciones tomadas en esa ocasión contra los administradores o deudores de dicho banco, por la Superintendencia de Bancos, que es la autoridad reguladora. Por eso se sancionó con multa al BNP, que procura salvar los dineros públicos y acudió al método pactado para vender la garantía en caso de incumplimiento, sobre todo porque ya se había instaurado una acción judicial contra el Banco DISA por uno de sus propios accionistas.
La intervención y posterior liquidación fue objeto de reuniones y discusiones ante el riesgo de los dineros públicos y la falta de información sobre los verdaderos deudores, los montos y garantías de sus operaciones. Ninguna de las garantías prendarias debe formar parte de la masa, por cuanto constituyen derechos reales excluidos por mandato legal que les otorga privilegios sobre las demás acreencias. Las razones que soportan la sanción impuesta al BNP son insostenibles y así lo determinará la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en su momento, por ser lo justo y lo legal.
