Por el amor que le tengo a mi familia, especialmente a mis hijos y hermanos y porque no considero justo que se siga enlodando el nombre que con sacrificio y dedicación al bien de los demás, nos legó nuestro padre ya difunto, ni que en forma reiterada se continúe haciéndome falsas acusaciones de haber sustraído fondos de la Caja de Seguro Social, nuevamente trataré de aclarar tantas mentiras y acusaciones infundadas en relación con mi labor frente a la CSS de 1978 a 1982 y mis actuaciones relacionadas con el Programa Colectivo de Viviendas de esa institución. Afirmo, bajo la gravedad de juramento, una vez más, en mi nombre, el de mis hijos y el de otros familiares que llevan mi apellido, que nunca me apropié de dineros de la CSS, ni del Estado, que nunca recibí cheques que no fueran mi salario, que no recibí regalías por mi gestión frente a la institución, ni me fue dada, ni jamás ofrecida siquiera, ninguna dádiva por aprobar o desaprobar una acción administrativa. Tengo mi conciencia tranquila a ese respecto.
La campaña en mi contra se ha basado siempre en mentiras, infundios y medias verdades. Enfrenté esas acusaciones con la verdad y la frente en alto; nunca huí de ellas, ni me escudé de la justicia buscando inmunidad o huyendo del país. Esas mentiras y publicaciones mal intencionadas fueron el preámbulo de la investigación y siguen siendo pasto para atacarme, convirtiéndome en símbolo de un odio ancestral hacia el PRD. Renuncié de la CSS en abril de 1982 y antes de regresar a mi práctica privada de cardiología y pediatría, viajé a Houston, Texas, al St. Luke's Episcopal Hospital, con recursos propios, para una actualización en mi especialidad. Regresé a Panamá para enfrentar falsas acusaciones de parte del nuevo director de la CSS, José R. Esquivel, en el sentido de que había faltante de bonos. La Contraloría aclaró en un informe de auditoría, que no había ningún faltante de bonos.
Subrayo que regresé de Houston, lo que comprueba que yo vine del exterior a Panamá y es completamente falso el rumor de que un alto funcionario hubiese sido sorprendido tratando de abandonar el país con un maletín conteniendo dinero, que aunque no mencionaba mi nombre, se convirtió en un rumor que recogían los medios politizados para hacerme daño y hasta influyó en el investigador de la causa, como confesó en una publicación, a pesar de comprobar sus propias pesquisas, que era una aseveración falsa.
A pesar de que ese rumor fue desmentido, tal como aparece a foja 225 del expediente, "el día 18 de julio de 1982, el Fiscal Delegado requiere informes del director del DENI. y del G-2 del Estado Mayor, por cuanto La Prensa del día informaba de la detención de un alto funcionario de la Caja de Seguro Social, quien intentaba salir del país con una alta suma de dinero. La respuesta a este requerimiento fue negativa, aludiendo la autoridad competente para ese tipo de acción se atienen a los oficios y notas de las autoridades competentes" y de no encontrar ninguna evidencia de actuación dolosa de mi parte, ni de enriquecimiento, ni de participación en acciones delictivas fui encarcelado junto con el ingeniero. Wallace Ferguson (q.e.p.d) en la Cárcel Modelo primero, después en un cuartel en Tocumen y después en el de Río Hato. Finalmente en 1991, con el fin de aprobar reformas a la CSS, durante el gobierno de Endara, ilegalmente me volvieron a encarcelar en El Renacer, por lo que terminé pagando un tiempo mayor del que fue mi condena. No conformes con ello, me destituyeron ilegalmente del cargo de médico especialista de 1ra. categoría. La investigación que duró varios años, nunca demostró que yo, Abraham Saied, hubiese sustraído dineros de la CSS, ni que hubiese recibido dineros de terceros, ni que hubiera intentado salir huyendo del país, ni que tuviese dineros depositados en ningún banco del país ni del exterior, ni a la fecha de la investigación ni antes de la misma. En cambio sí demostró que otros, que no fueron procesados, sí recibieron dineros y cheques e hicieron gastos personales con fondos de la CSS. En mi caso, el único banco que yo había usado siempre era el Banco Nacional de Panamá y nunca tuve más de cinco cifras en total en ningún momento (a la fecha de la investigación tenía un saldo de 11 mil 422.28 balboas en una cuenta) a pesar de haber ejercido mi profesión por 20 años como médico especialista en el Hospital Gorgas y en Panamá y de haber sido ministro de Salud por siete años y director de la CSS por cuatro años. De hecho, ni yo, ni mis familiares, hemos sido adinerados, ni antes ni después de mi participación en la Administración Pública por más de 10 años.
Mi procesamiento y detención fue ordenado por la cúpula del poder que decidía quiénes eran inculpados y quiénes no, tal como lo reconoce el propio fiscal Carlos Cuestas en sus "Memorias de un Fiscal". Dice Cuestas y cito: "Es también un hecho conocido que el entonces Comandante Jefe de la Guardia Nacional, General Rubén Darío Paredes, hizo una serie de recomendaciones en rueda de prensa que se llevó a cabo en el cuartel central de la Guardia Nacional, entre las cuales se destacaba el inminente arresto de personas implicadas en el caso del Seguro Social. En ese momento me dí cuenta de que todo había sido preparado de antemano y que la solicitud que me hacía Miranda (Procurador) era la de convalidar una situación de hecho". "Ante la solicitud hecha por mi Superior Jerárquico y frente a los hechos que se daban en el país yo accedí a la petición; justifiqué la detención remitiendo un oficio con fecha anterior en el que solicitaba a la Guardia Nacional y al Departamento Nacional de Investigaciones que las personas ya detenidas fueran puestas a órdenes de mi Despacho". (El subrayado es mío) Sin embargo, a pesar de las órdenes emanadas de esa cúpula del poder, las investigaciones no pudieron demostrar delito de mi parte, ni ninguna participación dolosa en acto alguno, y tal como aparece en el expediente:
"No se demostró en autos, que el doctor Saied tuviera participación en las ganancias obtenidas por los otros miembros de la Comisión Evaluadora a través de sociedades". En su sentencia el juez estableció clara y concisamente:
"En cuanto al Dr. Abraham Saied Núñez, el Segundo Tribunal Superior de Justicia en reiteradas resoluciones ha establecido que la conducta que se le imputa como delictiva es la negligencia". Y más adelante: "de acuerdo con las actuales decisiones judiciales, el Dr Abraham Saied Núñez, no ha tomado dinero alguno encomendado a su cuidado". Es claro, entonces, que no fui condenado por peculado a secas, sino que al no encontrar actuación dolosa de mi parte, decidieron endilgarme la categoría de peculado culposo, según ellos por ser el "Director de la Institución". Nunca un jefe de institución ha sido condenado por esa causa. ¡Si esa forma de "peculado" se aplicara a todos los funcionarios públicos con mando, no habría espacio en las cárceles para retenerlos!
