A partir del día 27 de septiembre de 2004 fue convocada a la sede central de la Organización de Aviación Civil Internacional, en Montreal, Canadá, una comisión que representa a Panamá y Colombia para estudiar alternativas a las pretensiones colombianas de reclamar lo que ellos consideran espacio aéreo territorial de Colombia.
Estas aspiraciones se fundamentan en que el archipiélago de San Andrés es territorio insular colombiano y se encuentra dentro del espacio aéreo donde Panamá presta servicios de navegación aérea según acuerdos regionales que datan de 1950.
Adicional a esto, Colombia ha realizado un plan de inversiones de más de 52 millones de dólares en infraestructuras de comunicaciones, navegación y vigilancia para prestar servicios de navegación aérea en esta área.
Esta no sería la primera vez que Colombia alcanzara sus aspiraciones, ya que en el año 1989, sustentando similares argumentos, logró que la segunda Reunión Regional de Navegación Aérea de la OACI, sin participación de delegados panameños, le aprobara 110,439 Km2 a Colombia y 611,943 Km2 a la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), lo que representó la pérdida de más de un 60% del total aproximado de 1,200,000 Km2 que entonces Panamá administrada gracias al traspaso a manos panameñas del Servicio de Control de Tránsito Aéreo que establecía los tratados Torrijos-Carter, firmados en septiembre de 1977 y asumida la total responsabilidad en 1983.
En mi opinión, alguna de las repercusiones que podrá representar para Panamá el hecho de que Colombia logre estas nuevas aspiraciones son las siguientes:
Económicas: por brindar servicios de navegación aérea dentro de este espacio, Panamá recauda un poco más de USD7.0 MM de un total de USD11.0 MM que representa el total de ingresos que genera la hoy Autoridad Aeronáutica Civil (AAC). Esta recaudación representa más del 60% del total de los ingresos que genera la AAC, lo que indica que estos ingresos son la principal fuente de recursos financieros que tiene y que la pérdida del espacio aéreo representará una reducción de dicha recaudación y limitará más la capacidad de nuestras autoridades para brindar un servicio con la calidad y seguridad que el transporte aéreo internacional requiere. Es importante escuchar la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas al respecto.
Política: Panamá ha servido como catalizador en materia política a un problema histórico que mantienen Colombia y Nicaragua con relación al archipiélago de San Andrés. Las aspiraciones colombianas podrían revivir un interés de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Organización Centroamericana Multinacional) a reclamar la prestación de servicios en el área, ya que esta organización también ha planteado la posibilidad de una integración de servicios con Panamá. Es importante escuchar la opinión de los encargados de la política exterior panameña.
Social: la falta de recursos financieros para prestar los servicios de navegación aérea impactarían directamente en el recurso humano que brinda y apoya la prestación de los servicios, y nos colocarían en desventaja frente a otros países de la región en la implementación de planes regionales de aviación.
Seguridad: una de las principales razones por las cuales Estados Unidos mantenía más de 1.200.000 Km2 de espacio aéreo era la seguridad del Canal de Panamá; una reducción del espacio aéreo limitaría las operaciones coordinadas de defensa área de este. Debemos escuchar la opinión de los órganos de seguridad del Estado al respecto.
Si es cierto que el archipiélago de San Andrés ha generado un aumento en el transporte aéreo de carga y pasajeros por motivos de turismo, negocios y comercio entre esta y las ciudades en Colombia, también es cierto que el porcentaje de estas operaciones aéreas solo representan un 3% del total de operaciones que se realizan en esta área y que en su gran mayoría transitan a través del territorio continental de Panamá como vínculo necesario entre los dos continentes, apoyándose del personal y de las infraestructuras que brindan los servicios de navegación aérea en Panamá.
Por todo lo antes expuesto, opino que la administración actual debe incluir este tema como agenda de Estado, con una política clara, que se establezca con la participación de todas las áreas interesadas y con el concurso de los hombres más capaces de nuestro país. El Presidente de la República debe darle la importancia que merece este sector tan estratégico para la economía panameña.