Tras 102 días de oraciones y de congregarse a las puertas del Capitolio en Phoenix, la noticia les llegó a los activistas como una bendición durante la celebración de la misa. Hubo un estallido de alegría, la emoción recorrió el lugar. Eso ocurrió al saber que la juez Susan Bolton había decidido bloquear las partes más racistas de la ley de inmigración.
El elemento de la sospecha razonable de que una persona podía ser indocumentada, circunstancia que abría la posibilidad de una actuación indiscriminada de la policía, queda paralizado, así como el hecho de que alguien sea arrestado por ir sin identificación por la calle para comprobar su estatus. Tampoco se podrá comprobar si una persona dispone de papeles cuando se le requiera por otra cuestión.
El Gobierno Federal, uno de los litigantes contra la conocida SB1070, calificó de correcta la resolución mientras que la gobernadora Jan Brewer, la que rubricó esta nueva norma, consideró que solo es un sobresalto en el camino y anunció que apelarán este acuerdo.
Para la juez, en la nueva ley hay una probabilidad sustancial de que los agentes detengan erróneamente a inmigrantes legales. Así, al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga extraordinaria, inusual y característica a los inmigrantes ilegales que solo el Gobierno Federal tiene autoridad para imponer.
¿Plegarias atendidas? Los hispanos experimentaron una sensación contradictoria al conocer la resolución de la juez, que se queda a medio camino. El alivio de una victoria y la desazón de una derrota. La decisión judicial no deja de refrendar una ley que, para la mayoría de ellos, convierte en legal gran parte del acoso que denuncian estar viviendo hace unos cuantos años en Arizona. “Esta es una medio victoria, nos hemos llevado la primera batalla en una guerra que será muy larga”, afirma Tommy Espinoza, presidente de la fundación Raza Development. “Es un gran paso, que tiene mucha influencia en todo el país, pero hemos de hacer la travesía del desierto”, añadió.
Los actos de protesta y desobediencia civil continuarán, “ahora más que nunca son necesarios”, dice Carlos García, líder del movimiento Puente Arizona, uno de los más activos. Su insatisfacción parte del hecho de que la resolución ha dado validez a la posibilidad de actuar contra los jornaleros que paran o se suben a un coche para trabajar, una cuestión que afecta a los ilegales y también a los legales. ¿Cómo se distingue a simple vista si alguien tiene documentación o no?, preguntan los opositores.
La juez también ha ratificado la validez del cargo por el transporte de personas ilegales. Según García, este es un factor decisivo, en muchas familias hay miembros con papeles y otros no. “Pueden actuar contra un hijo porque lleva a su padre”.
El grupo al que la decisión judicial le cogió en plena misa Promise Arizona mantenía ayer nueva vigilia y procesión. Estaba previsto que participaran cinco obispos de diferentes confesiones. Sería su día 103. “Para nosotros es una victoria importante y la festejamos, pero es pequeña porque queremos ver un cambio en las políticas represivas contra los inmigrantes”, indica Nicole Torre, portavoz del citado grupo.
Para ellos, la convocatoria religiosa reivindicativa de ayer sería tormentosa; en la noche del miércoles se daban consejos para el caso de que alguien fuera detenido durante la concentración. Ahora se ha despejado algo la borrasca, aunque las isobaras todavía marcan tempestades. El sheriff Joe Arpaio dijo en rueda de prensa que el dictamen de Bolton no frenará sus operaciones de “supresión del crimen”.
En su opinión, “la decisión de la juez no afectará nuestras operaciones, nada ha cambiado en nuestra lucha contra la inmigración ilegal”. También dijo que sus agentes realizarían ayer la redada 17 contra los indocumentados. En las otras 16 han sido arrestadas casi mil personas, de las que 600 eran indocumentadas. Uno de los argumentos de la juez.