“Yo soy yo y mis intereses”, bien podría ser una versión más actualizada de la célebre frase de Ortega y Gasset. Los males de otros solo nos importan de cara a la galería. Cuando esas adversidades interfieren en nuestros asuntos, empero, hasta ahí llega la supuesta solidaridad. Es triste saber que, para los políticos, ideología y economía son valores superiores a la ética. Me dolió la abstención de Panamá en el conflicto entre Colombia y Venezuela, por varias razones. Primero, porque los lazos históricos y étnicos que nos unen a los colombianos son más robustos que con cualquier otra cultura; segundo, porque la decisión de cerrar la frontera fue ejecutada arbitrariamente por el régimen bolivariano; tercero, porque cerrar pasos limítrofes nunca soluciona problemas y usualmente los agrava (la ocurrencia del contrabando requiere una complotada colaboración de los funcionarios y militares que custodian la zona); cuarto, porque una nación democrática no debería nunca ponerse del lado de una dictadura (ya nosotros padecimos esa nefasta época y nos tocó pedir apoyo a las democracias del continente); y quinto, porque al estar lidiando con un tema de derechos humanos elementales, cualquier neutralidad se traduce en complicidad.
Considero a la canciller Isabel de Saint Malo como una de las mejores designaciones de la administración actual. Es una profesional culta, preparada, trabajadora, sensata, pacifista y respetuosa con las disidencias. Su rol en el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba fue fundamental. La imagen internacional de nuestro país está, sin duda, en buenas manos. Pero, en esta problemática, a mi juicio, se equivocó. Desconozco si su posición obedeció a algún mandato jerárquico, motivado por la millonaria deuda que Venezuela mantiene con empresarios locales, o por la oferta de pago (petróleo barato es lo único que posee Maduro para solventar deudas) a cambio del voto. La diplomacia, no obstante, no debe ser sojuzgada por consideraciones monetarias. No solo se pierde credibilidad, también estatura y dignidad.
Aún más asombrado quedé al leer las cantinfladas que se vertieron en las redes sociales. Unos revelaron su complacencia porque juzgaban la decisión como una represalia contra la acusación del presidente Santos de que somos un paraíso fiscal. Aparte de que su denuncia no fue del todo falsa, el revanchismo es una de las cualidades más indignas de un ser humano. Bajarse al nivel del agresor, además, denota falta de nobleza e integridad moral. Otros aplaudían porque no toleran la soberbia que exhiben algunos venezolanos que han emigrado a suelo patrio. Gente estúpida existe en todos lados, inclusive aquí. Participar en el juego de unos cuantos desadaptados sociales, mostrando destellos xenofóbicos latentes, es una conducta execrable propia de mentes inferiores. La mayoría de venezolanos que ha venido a radicarse en nuestro suelo agradece la oportunidad y acogida brindada por panameños. En estas absurdas disputas nacionalistas, conviene recordar que el lugar de nacimiento, color de la piel y hasta la religión profesada, son condiciones circunstanciales que se basan en fenómenos aleatorios. Pertenecer a la especie humana, por el contrario, es un privilegio definitorio y superior.
Creo prudente recordar que la inmensa mayoría de países del mundo se alineó con la declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida por las Naciones Unidas hace 70 años. Por limitaciones de espacio, cito solamente algunos de los 30 lapidarios artículos. “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”; “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”; “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”; “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”; “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”; “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”; “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”; “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente; nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”; “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.
Si analizamos, uno por uno, resulta fácil percatarse de que las violaciones a los preceptos consensuados ocurren a diario. Racismo, xenofobia, homofobia, destierro, justicia selectiva, mediatización de la intimidad personal, calumnias indocumentadas, insultos al prójimo por diferencia de opinión y adoctrinamiento religioso en educación pública, entre otros, son comportamientos rutinarios en nuestra subdesarrollada región. Políticos, jueces, periodistas y ciudadanos intolerantes son los principales transgresores. La ruindad en su máxima expresión… @xsaezll
