Estamos a las puertas del período final del procurador José Antonio Sossa, luego de terminar su largo mandato de 10 años. Al meditar desde la perspectiva del "acceso a la justicia" y de una cultura de derechos humanos en el Ministerio Público, solo puedo encontrarme, entre otras cosas, con: una justicia selectiva, el principio de presunción de inocencia estrangulado, un principio de independencia judicial interna y externa centralizado y subordinado, así como una era de impunidad.
¿Y dónde estábamos presentes la sociedad civil y los dirigentes de derechos humanos? Los que denunciamos algunas violaciones a los derechos humanos, fuimos perseguidos por los aparatos judiciales; los periodistas, que tuvieron que reemplazar el control selectivo de la justicia, fueron igualmente perseguidos y estigmatizados; la Comisión de la Verdad fue allanada y vilipendiada; solo ciertos abogados, por tráfico de influencias o miedo, así como grupos políticos guardaron silencio ante un modelo de gestión contrario al respeto de los derechos humanos, a la igualdad procesal y a un proceso penal democrático.
Un Ministerio Público dotado de todos los poderes discrecionales para perseguir el delito y a los delincuentes; un organismo que incluso podía ejercer la acción de amparo de garantías constitucionales, instituto de protección ante la arbitrariedad del Estado que le pertenece al ciudadano. Tal modelo de administración de justicia se proyectó a los funcionarios, bajo un supuesto prisma de buenos y malos. La seguridad ciudadana recayó en la sensatez y sentido común del funcionario de instrucción en materia de investigación penal, garantías del imputado, principio de oportunidad, actuaciones todas sin control judicial. Lamentablemente, la sensatez siempre sucumbe ante la genuflexión, la falta de firmeza y valores, así como ante la imposición selectiva del napoleónico de la justicia, parafraseando a don Perfecto Andrés Ibáñez en su artículo "Gobierno democrático del poder judicial".
Las fallas, limitaciones y aciertos de los directivos del Ministerio Público no pudieron disminuir las valiosas contribuciones de cientos de funcionarios que, a pesar de la corriente, forjaron un valioso Centro de Atención a las Víctimas, un Centro de Concertación Social e innumerables actuaciones de funcionarios que a pesar de los temores pudieron erguirse para honrar la justicia y los derechos humanos.
Es importante reiterar que nunca he abrigado rencor alguno. Mis denuncias a la arbitrariedad siempre han estado motivadas por mi amor a la justicia y a los derechos humanos. Que en estos nueve años de humillaciones, vuelvo a recobrar la esperanza; que podemos juntos, con la nueva Procuradora General de la Nación, construir un modelo de administración de justicia diferente, transparente, y que genere confianza ciudadana.
En esta primera etapa, muchos serán los corifeos de lo viejo, muchos sacarán sus navajas para agredir a la nueva Procuradora y distorsionar la verdad desde sus miedos por lo nuevo o simplemente movidos por intereses económicos y políticos. La nueva Procuradora debe colocarse por encima de esos infundios. No debe torcer su brazo a probables y tempranas negociaciones políticas. No puede cometer los errores del pasado.
Una avenida ancha para los derechos humanos, el proceso penal democrático, pero también una celda ancha para los corruptos, para la impunidad y para aquellos premiados por la justicia selectiva del pasado.
La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos debemos asumir el desafío que nos lanza la Lic. Ana Matilde Gómez, procuradora general de la Nación, de transformar el Ministerio Público en una institución verdadera para perseguir el delito, proteger los derechos humanos, combatir la corrupción interna y externa, y devolverle al ciudadano la esperanza en un estado democrático de derecho.
La Procuradora deberá también mirar al pasado, para reconfirmar qué cosas no deberán continuar y cuáles sí; pero debe tener claro que a pesar de que el camino de la justicia generalmente muerde como la serpiente a los descalzos y vulnerables del país, un Ministerio Público inserto en un nuevo modelo de respeto a los derechos humanos en el marco de una profunda reforma procesal penal, aplicará una justicia para todos y todas.
La decisión acertada del Presidente de la República en esta escogencia deberá estar sellada con un compromiso serio para acometer una de las tareas inconclusas de la administración de justicia de nuestra patria.