Al menos $224 millones ha desembolsado este año el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en los cuatro programas de transferencia monetaria condicionada.
Así lo indican informes de la institución, en los que se detalla que el dinero ha sido distribuido entre 191 mil 373 panameños que forman parte de los programas: 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Bono Alimentario.
El último pago del año en estos programas —que se realiza cada tres meses— asciende a $56.1 millones.
La millonaria inversión, según la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, busca combatir la pobreza de las familias que se han quedado atrás en el desarrollo social, y las expuestas por la pandemia causada por el virus que transmite la Covid-19.
También se busca con este subsidio intentar garantizar la seguridad alimentaria de más de 191 mil panameños.
Pese a la inversión anual que se hace en estos programas, en Panamá 300 mil personas están subalimentadas o pasan hambre, según un reciente informe de varias agencias de la Organización de Naciones Unidas.
Millonaria factura en cuatro programas sociales del Mides
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comenzó ayer el desembolso de $56.1 millones correspondientes al último pago del año de los cuatro programas de transferencia monetaria condicionada: 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Bono Alimentario.
Informes de la entidad precisan que este año se han pagado en subsidios sociales alrededor de $224 millones de dólares entre 191 mil 373 mil beneficiarios en el país.
Los beneficiarios están distribuidos de la siguiente forma: 122 mil 287 en 120 a los 65, 41 mil 900 en Red de Oportunidades, 19 mil 107 en Ángel Guardián y 8 mil 79 en Bono Alimentario. La mayoría de las personas beneficiadas, 130 mil 281 en total, son mujeres.
Las tres regiones del país que tienen mayor cantidad de beneficiarios son la provincia de Panamá (30 mil 057), la comarca Ngäbe Buglé (28 mil 247 ) y la provincia de Chiriquí (26 mil 204).
Para 2021, el presupuesto de inversión destinado a los cuatro programas que forman parte de las transferencias monetarias condicionadas —que atienden al 19.4% de la población en pobreza y pobreza extrema del país—, fue calculado a principios de año por el Mides en alrededor $227.4 millones, monto cercano al desembolsado.
La ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, planteó que estos programas restituyen los derechos y combaten la pobreza de las familias que se han quedado atrás en el desarrollo social y, aquellas expuestas por la pandemia de la enfermedad Covid-19. Con estos subsidios también se busca garantizar la seguridad alimentaria de más de 191 mil panameños, dijo.
El programa 120 a los 65 fue creado en 2009 con el fin de beneficiar a los adultos mayores, y Ángel Guardián en 2012 para las personas con discapacidad severa en condición de dependencia y pobreza extrema. Mientras que la Red de Oportunidades en 2020 y el Bono Alimentario data de 2005.
Los subsidios son una herramienta de los gobiernos para intentar lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible de poner fin a la pobreza, rumbo a año 2030, pues el índice de pobreza multidimensional nacional dado a conocer el año pasado indica que aún el 19% de la población panameña vive en hogares multidimensionalmente pobres; es decir, casi 2 de cada 10 panameños.
Sin embargo, la inversión anual en los programas de transferencia monetaria condicionada aún no logra erradicar el hambre del país.
La situación quedó evidenciada en un informe de de varias agencias de la Organización de Naciones Unidas, entre ellas, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), el cual precisa que la prevalencia de la subalimentación en el país es de 7.5% y que hay 300 mil personas subalimentadas. Esta es una cifra que se mantiene desde 2014, lo que muestra un estancamiento en el objetivo.
Además, detalla que el 14.7% de todos los niños y niñas menores de cinco años presenta prevalencia del retraso en el crecimiento.
