La isla Tortolita, cuyas tierras fueron vendidas de forma directa por el Municipio de Taboga a Ernesto Bósquez Ditrani sin tener derechos posesorios y con la sola promesa de construir un proyecto turístico, resultó ser parte de la zona inalienable del Canal de Panamá.
La mitad de esta isla es parte de los terrenos de compatibilidad de la vía y es intransferible, por lo que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) convocó a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) a una reunión para evaluar la venta que la comunidad tabogana tacha de ilegal e inconstitucional.
Mediante acuerdo, el municipio tabogano vendió a Bósquez Ditrani –socio de un estadounidense denunciado por especular con tierras– parte de las islas Tórtola, Tortolita y 14.8 hectáreas boscosas en Taboga.
El acuerdo lo firmaron el alcalde de Taboga, José Chirú, y Azael Ortíz, presidente de ese Consejo Municipal. En enero se publicó la venta en Gaceta Oficial.
La ACP desconocía este proceso que, según los ediles, está respaldado por la Anati, que se niega a conceder una entrevista a este medio, pese a una decena de intentos en ese sentido.
La isla Tortolita, ubicada en la costa frente a Veracruz, es utilizada como depósito del dragado de la entrada del Pacífico del Canal.
De igual manera, las autoridades de Taboga incluyeron en los ejidos del municipio las islas de Boná y Chamá, y autorizaron al alcalde a suscribir las escrituras en el caso de su venta.
Proyecto petrolero
Los taboganos temen que en las islas se desarrollen más proyectos de expendio de petróleo, tal como sucede en zonas aledañas. Hace unos días, encuestadores preguntaron a los residentes si estarían de acuerdo con la instalación de tanques de almacenamiento de combustible en las proximidades de isla Urabá, un refugio de pelícanos.
“Nos oponemos” porque afectaría el ecosistema y el turismo en la zona, dijo Roberto Alemán, de la Asociación Cívica de Taboga.
