Miembros de la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR) pidieron ayer al diputado Noriel Salerno, de Cambio Democrático (CD), el retiro del proyecto de ley 465 que obliga a los medios de comunicación a difundir mensajes educativos y culturales en medio de su programación diaria.
La agrupación y otros gremios, como el Consejo Nacional de Periodismo (CNP), el Fórum de Periodistas de Panamá y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aseguran que la iniciativa se entromete en los contenidos y viola el derecho a la propiedad de las empresas periodísticas.
“Hemos venido a explicarle al diputado nuestra preocupación e inquietud sobre este proyecto y hemos dialogado de tópicos que pudieran ser perjudiciales y que pueden tergiversar el espíritu de la ley”, indicó Pedro Solís, presidente de la APR.
Salerno precisó que prefería que la agrupación planteara sus inquietudes cuando se discuta la propuesta en primer debate en la comisión de Comunicación y Transporte. Solís manifestó que uno de los temas que les preocupa es la obligatoriedad de transmitir o publicar campañas educativas y culturales; cuando es algo que ya los medios hacen.
Salerno calificó de importante que se haya iniciado este diálogo. “Si hay que modificar, que eliminar algo del proyecto, eso se hará”. Por el momento el proyecto ni siquiera está en el listado de los que se van a discutir en comisión. En la exposición de motivos de la iniciativa se afirma que la propuesta fue consultada con la APR, pero el gremio niega haber sido consultado.
PROYECTO 422
En tanto, la comisión de Gobierno aprobó en primer debate el proyecto de ley 422 que modifica la Ley 82 del 24 de octubre de 2013, que tipifica el feminicidio y la violencia contra la mujer.
El proyecto, que consta de 10 artículos, eliminó el artículo que establecía sancionar a los medios que atenten contra la integridad de la mujer. El mismo señalaba que: “Si se comprueba que cualquier medio de comunicación ha incurrido en discriminación o violencia en contra de las mujeres, será sancionado por el Ministerio de Gobierno con una multa de mil a 3 mil dólares”.
En su lugar, se decidió que sea en la esfera civil donde se dirima cualquier posibilidad de sanción a los medios.