En los primeros tres meses de este año –de enero a marzo– la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha impuesto 245 sanciones por infringir las prohibiciones relacionadas con los pasajeros o por negarse a llevar a estos.
Y es que las inspecciones realizadas por personal de esa entidad, así como las denuncias de los usuarios del transporte público, dan cuenta de que varios operadores aumentan la tarifa de manera arbitraria.
Voceros de los conductores aseguran que desde el año 2001 no se hace un ajuste a la tarifa y los costos operativos aumentaron.
Julio González, director de la ATTT, indicó que esta es una práctica ilegal y que aplicarán las sanciones correspondientes.
Cobro de pasaje genera debate
Los usuarios del transporte público que aún deben movilizarse en buses “diablos rojos”, así como aquellos que tienen la necesidad de utilizar vehículos del transporte alternativo, o pirata, denuncian abusos en el cobro de los pasajes.
Luis Torres, dirigente del Movimiento 23 de Octubre, señaló que es una práctica denunciada en reiteradas ocasiones ante la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), sin embargo, no les brindan una respuesta.
La mayoría de las denuncias se reportan en las rutas de vía España, donde todavía operan los “diablos rojos”, y en el distrito de San Miguelito, donde proliferan los denominados buses alternativos o piratas.
Tras un recorrido realizado por un equipo de este medio, se confirmó que en la ruta de vía España los transportistas cobran 50 centésimos, a pesar de que la tarifa oficial es de 25 centésimos.
Torres agregó que, como organización que defiende los derechos de los usuarios del transporte público, han registrado casos en los que son víctimas de maltrato verbal y físico por negarse a pagar la tarifa exigida.
La sustentación
Los vehículos que se movilizan en esos sectores están, en su mayoría, bajo el amparo de tres concesionarias: Transporte del Futuro, S.A. (Transfusa), el Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo (Sicotrac) y la Cooperativa San Cristóbal.
Luis Rodríguez, presidente de Transfusa, reconoció que cobran un costo mayor por el servicio de transporte que ofrecen.
El transportista sostuvo que la tarifa que rige actualmente “no es cónsona con la realidad que vivimos los transportistas”.
Además, detalló que aspectos como el aumento en los costos operativos y de mantenimiento de las flotas de buses, los constantes tranques y el aumento en el costo de la vida contribuyeron a que los transportistas no tengan otra alternativa que hacer sus propios ajustes.
“Hemos realizado estudios que indican que el pasaje real debe ser, mínimo, un dólar con 50 centésimos, lo cual ya fue planteado a la ATTT, pero al Estado no le conviene decir que van a efectuar ajustes en el pasaje, porque para ellos tendría un costo político”, aseguró Rodríguez.
Por su parte, Tomasito López, presidente de Sicotrac, negó que sus agremiados cobren tarifas exageradas a los usuarios y que se trata de buses que están fuera de su administración.
“Los dueños de buses que no tienen certificado de operación y que no están regulados por la ATTT imponen sus propias tarifas”, expresó el dirigente.
El actual costo del transporte público en la ciudad capital fue fijado mediante el Decreto Ejecutivo 296 del 13 de diciembre de 2001.
ATTT responde
Julio González, director de la ATTT, indicó que es ilegal alterar el cobro del pasaje de forma unilateral.
Detalló que, mediante la Ley 42 del 22 de octubre de 2007, que reformó la Ley 34 de 1999 –la cual creó la ATTT–, y la Ley 14 de 1993 –que regula el transporte terrestre público–, se establece que los ajustes en la tarifa son una facultad de la junta directiva de la institución.
Para ello, se necesita hacer un estudio técnico y consulta ciudadana que posteriormente debe ser sometida a la junta directiva, cuyos miembros deciden si procede o no.
Además, González señaló que se han realizado operativos y recibido las denuncias ciudadanas.
El director de la ATTT advirtió a los transportistas que este tipo de acciones trae consigo multas de 75 dólares e incluso puede llevar a la pérdida del certificado de operación.
