Eduardo de la Torre, del Juzgado Undécimo Penal, será el encargado de resolver la apelación presentada por la dirigente política del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, de la condena en su contra por divulgar correos electrónicos de conversaciones entre el presidente Ricardo Martinelli y el italiano Valter Lavítola.
Herrera fue condenada a tres años de prisión el 10 de octubre, en un fallo dictado por la jueza primera municipal, Yorlenni Fruto Moncada. La apelación fue presentada el 21 de octubre pasado.
Rodolfo Pinzón, abogado de Herrera, informó de que el expediente fue remitido a finales del mes de octubre por la jueza Fruto Moncada al Tribunal de Apelaciones y Consultas (que tramita apelaciones y recursos de segunda instancia en la esfera municipal).
Dicho tribunal estará integrado por el juez undécimo, Eduardo de la Torre (ponente), junto a la jueza décimo segunda, Marlene Morais, y la jueza décimo tercera, Luzmila Jaramillo.
Pinzón informó, además, de que la Personería Tercera Municipal y Jaime Montero, abogado de Martinelli, presentaron una oposición a la apelación.
Montero confirmó que presentó la oposición a la apelación, pese a que Martinelli rebajó la totalidad de la pena mediante Decreto Ejecutivo No. 717 del 18 de octubre.
Según Montero, como querellante tiene derecho a replicar la apelación sustentada.
La denuncia de este caso fue presentada el 5 de diciembre de 2011 por la entonces secretaria ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la Presidencia Ana Belfon, hoy procuradora de la Nación.
Ese mismo día, Herrera divulgó los correos electrónicos de Martinelli en un noticiero de televisión.
Otro caso
Además de este proceso, a Herrera se le sigue otro tras una querella presentada por Marleni Paolo Chichaco, agente residente de la empresa Agafia Corp., vinculada al contrato entre el Estado panameño y el consorcio italiano Finmeccanica.
El juez De la Torre, en fallo del 27 de mayo pasado, dio sobreseimiento a Herrera por calumnia e injuria y remitió a la esfera municipal para que se investigara el delito contra la inviolabilidad del secreto.
El Segundo Tribunal rechazó por improcedente una apelación a la decisión del juzgado undécimo que negó un incidente de nulidad presentado por los abogados de Herrera.
Dicho incidente pretendía que se anulara la declaración de Lavítola, que sirvió de base para la reapetura de ambos procesos penales.