A golpe de curul, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate el proyecto de ley 481, que busca la estabilidad de los abogados con cinco años o más de laborar en el engranaje gubernamental.
Es decir, aquellos que trabajen al servicio del Estado en municipios, ministerios, instituciones autónomas, semiautónomas y otras instancias públicas.
El proyecto establece, entre otras cosas, una bonificación por años de servicio y por antigüedad. Esta última será recibida por quienes renuncien o se jubilen y que tengan de 5 a 25 años de servicio.
Se dividen en cuatro las categorías para el escalafón, así: abogados 1, los que tienen título y la idoneidad de la Corte Suprema de Justicia; abogados 2, los que cuentan con diplomado o postgrado o con un mínimo de tres años de experiencia; abogados 3, aquellos con maestría o con más de cinco años de experiencia; y abogados 4, que tienen doctorado o con más de siete años de experiencia.
Cada una de estas categorías tendrá la remuneración establecida “por decreto ejecutivo que podrá ajustarse cada cinco años de acuerdo con el incremento de la vida...”, señala el documento que se enviará al Ejecutivo para su aval o rechazo.
Será una comisión interinstitucional la encargada de establecer los salarios, que conformará, por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia, de Economía y Finanzas y del Colegio Nacional de Abogados.
Se excluyen de la ley los jueces ejecutores, de paz y los de mando y jurisdicción.