La Ley 23 de 12 de mayo de 2017 crea un organismo colegiado denominado Tribunal Administrativo de la Función Pública, como un ente independiente integrado por tres magistrados. Este también deberá iniciar funciones a partir del 2 de julio de 2018.
Dicho tribunal tendrá competencia para conocer las apelaciones contra acciones de recursos humanos dirigidas a servidores públicos permanentes, pertenezcan o no a una de las carreras públicas reconocidas en la Constitución Política o la ley. Asimismo, será competente para resolver las apelaciones contra las resoluciones que dispongan destituciones; ordenar reintegros o pago de indemnizaciones en caso de fallo favorable al servidor público, estableciendo el término para ello, y ordenar el pago de salarios caídos en los casos que corresponda.
Dos de estos magistrados deben ser nombrados por el Órgano Ejecutivo y uno por la Asamblea Nacional. A la fecha, no han sido designados, según David Montenegro, director de Carrera Administrativa.
Para Alejandro Haynes, secretario general de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fenasep), es imperante que la conformación de dicho tribunal se produzca antes de julio de este año.
“Desde la federación estamos apostando que en julio no solamente esté instaurado el tribunal administrativo , sino que inicie su trabajo. En reiteradas ocasiones hemos manifestado a la Dirección de Carrera Administrativa que no espere hasta la última oportunidad para entrar a escoger a los magistrados, porque esto significa que pueda tomar más tiempo”, indicó.