Empresas de algunos sectores de la economía afrontan dificultades para acceder al sistema financiero de Estados Unidos (EU) y hacer transacciones, luego de la inclusión de Panamá en la lista del Grupo de Acción Financiera.
La inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi) está impactando ya a la economía real. Los bancos, especialmente los más pequeños, tienen cada vez más obstáculos para mantener sus líneas de corresponsalía en Estados Unidos, una relación elemental para cualquier banco que quiera hacer operaciones con el resto del mundo. Además, según indicó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, algunas actividades económicas “no pueden acceder al sistema financiero internacional”.
El ministro prefirió no decir de qué actividades se trata, para “no hacer daño a los sectores”, pero aseguró que algunos de sus representantes se han acercado al ministerio “porque se les imposibilita hacer transferencias con sus proveedores o clientes fuera de Panamá a través del sistema financiero de Estados Unidos”.
Esta restricción para las empresas nacionales surge después de que la Red de Control de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) lanzara una advertencia a los bancos de Estados Unidos luego de la inclusión de Panamá en la lista gris del Gafi. La dependencia, perteneciente al Departamento del Tesoro del Gobierno norteamericano, obliga a los bancos a hacer lo que se conoce como diligencia debida ampliada cuando tienen transacciones con entidades panameñas.
“Por el hecho de estar en un país que está una lista gris, se eleva el nivel de riesgo de hacer negocios”, dijo anteriormente Raúl Guizado, vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa de Banco General y miembro de la directiva de la Asociación Bancaria de Panamá. Y hay algunos bancos en Estados Unidos que no están dispuestos a asumir ese riesgo con determinadas industrias locales.
“Nos toca salir de la lista para evitar que los bancos corresponsales pongan impedimento a industrias panameñas para acceder al mercado”, aseveró De La Guardia.
Con ese objetivo en la mira, el Gobierno —todavía con la pasada administración en el poder— acordó un plan de acción con el Gafi.
La punta de lanza de ese plan de acción es una nueva ley para prevenir el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo. De La Guardia dijo que espera enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley en los próximos 30 días y adelantó que será polémico porque a varias actividades económicas que hoy en día no tienen mayor supervisión se les exigirán controles adicionales.
“Hay sectores que no estaban obligados a tener oficinas de cumplimiento, a tener procedimientos para identificar operaciones sospechosas o a reportar operaciones sospechosas. Algunas industrias van a estar obligadas a hacer las tres cosas, otras menos”, apuntó De La Guardia. El nivel de exigencia para cada sector se definirá cuando se conozcan los resultados de una evaluación de riesgo en la que trabaja el Gobierno junto al Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional que va a identificar las actividades que son más susceptibles de ser infiltradas por el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En el reporte del FMI que reveló las brechas en Panamá para combatir el lavado de dinero se hacía referencia, entre otros, a seguros, casas de cambio, casinos, agentes inmobiliarios, abogados, contables, notarios y el comercio de metales y piedras preciosas. No obstante, De La Guardia no especificó qué actividades pasarán a estar más controladas. Dijo que la recomendación hecha por el FMI está siendo precisada.
El sector bancario, primer afectado por la decisión del Gafi, apoya la nueva regulación antilavado y los mayores controles en otras actividades económicas. “La inclusión de los sectores no financieros en este compromiso es obligatorio por su impacto en la imagen del país y por la forzosa correlación entre los gremios afectados, situación propia de una economía de servicios”, dijo el expresidente de la Asociación Bancaria de Panamá Carlos Troetsch.
El próximo mes, con el proyecto de Ley llevado a la Asamblea, deberían empezar las discusiones públicas. El país cuenta con un periodo de tiempo escaso —el compromiso con el Gafi es tener el nuevo marco legal en junio—, para resolver un desafío de grandes dimensiones, que ha sido catalogado por el Gobierno como la mayor amenaza para la economía nacional.
Este proceso coincide en el tiempo con las investigaciones que siguen las autoridades judiciales y el regulador bancario por los casos de corrupción vinculados a funcionarios de la pasada administración, a quienes se les encontraron grandes sumas de dinero en bancos locales. Los hechos constatan lo que dicen los informes: en la actualidad, el sistema es vulnerable al lavado de capitales.
LA EVALUACIÓN DE PANAMÁ
Oct-2012
Una misión del FMI visita Panamá para recoger información sobre el marco legal para combatir el lavado.
Feb-2014
Luego de recibir la aprobación del Gobierno, se emite un informe en el que se detallan las deficiencias encontradas. Se produce un retroceso con relación a evaluaciones previas.
Jun-2014
El Grupo de Acción Financiera incluye a Panamá en la lista gris o de observación.