Solo 10 de los 37 abogados querellantes habilitados para actuar en la audiencia a 11 personas acusadas de los delitos de homicidio doloso y contra la salud pública, por la distribución de medicinas de la Caja de Seguro Social (CSS) contaminadas con dietilenglicol, han comparecido al proceso.
Así ha quedado demostrado durante el transcurso de los dos días de audiencia (lunes y martes) que se han desarrollado esta semana por este caso, diligencias presididas por el magistrado sustanciador Luis Mario Carrasco.
Gabriel Pascual, vocero del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida, aseguró que muchos de los abogados no han comparecido “por el solo hecho de que este caso no representa un gran beneficio económico”. “La mayoría de las víctimas que les otorgaron poder de representación son muy pobres”, añadió.
Argumentó que esta situación demuestra la poca solidaridad de los abogados para llevar adelante un proceso donde se puso en riesgo la salud de la población.
Mientras, los seis querellantes que presentaron sus alegatos en el día de ayer solicitaron a los magistrados que apliquen la pena máxima para los 11 imputados en el proceso.
El abogado querellante Antonio Vargas, quien representa a varias víctimas, aseguró que en la investigación realizada por el fiscal César Pereira quedó demostrado que tanto los funcionarios de la CSS, los miembros de la empresa Medicom, que introdujo el tóxico al país; el banco Davivienda, que facilitó los recursos económicos para la compra de la sustancia y los exfuncionarios de la CSS, “actuaron de forma negligente en el manejo del producto”.
Por su lado, el abogado Orlando Estribí planteó, por ejemplo, que existió una total falta de supervisión en el manejo del laboratorio de la CSS, lo que permitió la elaboración de medicinas con el tóxico, hecho que se ha cobrado la vida de al menos 182 personas, y afectó a centenas de panameños. El proceso continúa hoy.
