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Adultos mayores, desamparados

Adultos mayores, desamparados
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Rechazo y desprotección son los dos desafíos más importantes a los que se enfrenta la población adulta mayor de Panamá.

Argénida de Barrios, directora general de la Universidad del Trabajo y de la Tercera Edad, señaló que la situación de las personas adultas es “bastante vulnerable y precaria”.

Otros de los factores que los adultos mayores deben confrontar son: abusos verbales, psicológicos, y físicos, rechazo afectivo y laboral, mínimas garantías en sus pensiones y jubilaciones y el limitado acceso a la salud, añadió Barrios.

Mientras que Rafael Medina, presidente de la Confederación de Jubilados y Pensionados de Panamá, expresó que es una lástima que “estas personas que dieron tanto a su familia, trabajo, y al país, sean simplemente descartados”.

Datos del último Censo de la Contraloría General de la República, indican que este sector representa el 9.2% de la población general, es decir, 335 mil 462 personas a partir de los 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres.

ABUSO Y MALTRATO

Por otro lado, en el Centro de Orientación y Atención Integral (Coai), oficina adscrita al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), se han reportado un total de 641 abusos en contra de adultos mayores de enero a agosto pasado en todo el país.

Nira Atencio, trabajadora social del Coai, detalló que de ese total de casos, 141 corresponden a malos tratos, 130 a abandono y 172 a negligencia hacia el adulto mayor.

Además, dijo, se han presentado 79 solicitudes para que se coloquen a los adultos mayores en instituciones estatales o de manejo privado y 119 para que se ubiquen en otros hogares.

Atencio precisó que las cifras de maltrato al adulto mayor son bastante similares a las reportadas durante el mismo período de 2014, cuando se registraron 833 casos.

La funcionaria explicó que la atención de estas personas se coordina con los juzgados de familia, autoridades de salud y centros hospitalarios.

PROPUESTA engavetada

Por otro lado, Silvia González, coordinadora del Programa Adultos Mayores del Arzobispado de Panamá, recordó que ya han pasado seis meses desde que la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley No. 163, que establece la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores en Panamá, y el tema no ha sido retomado.

Añadió que se trata de una propuesta conjunta de más de 15 organizaciones y la fusión de otras 3 iniciativas previas.

El proyecto establece el reconocimiento de las personas adultas mayores como sujetos de derechos, prestación de servicios e inclusión social, la creación del Instituto del Adulto Mayor y la penalización de delitos relacionados a la violencia contra las personas adultas mayores, entre otros aspectos.

González indicó que “es un deber ciudadano orientar políticas públicas con su correspondiente financiamiento para propiciar una mejor calidad de vida, garantizar sus derechos y brindarles seguridad social”.

Por su parte, Iván Picota, uno de los diputados que presentó y respaldó la iniciativa, dijo desconocer por qué no se ha iniciado el segundo debate del proyecto de ley.

Sin embargo, Picota aseguró que hará las gestiones necesarias para que sea discutido durante las próximas semanas en el pleno.

“Para nosotros es una prioridad garantizar los derechos a las personas adultas mayores que han dado todo por este país”, indicó Picota.

Según estimaciones de la Contraloría General de la República para finales de 2015, el 14% de la población del país será adulta mayor.

En tanto, informes recientes de la Organización Panamericana de la Salud indican que hay más de 150 millones de personas mayores de 60 años en las Américas y se proyecta que para 2020 serán 200 millones.

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